Más de 23 años han pasado desde el atentado que sufrió el periodista Rafael Cuesta Caputi, en febrero del año 2000, mientras era director de noticias del canal TC Televisión, cuando explotó en su manos un paquete que recibió, causándole heridas en el tórax y abdomen; el caso sigue en la impunidad y sin reparación para la víctima. El hecho ocurrió luego de las críticas que hizo al golpe de Estado del 21 de enero.

Cuesta Caputi reclama que el Estado cumpla con el Informe de Fondo 36/08, emitido en julio de 2008 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manda acatar el Informe de Fondo 77/06 donde se establecen medidas de reparación por violaciones a su derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad de pensamiento y expresión, y que además se efectúe una investigación completa, imparcial y efectiva en torno al atentado.

A pesar de reuniones con autoridades y múltiples diligencias a lo largo de este tiempo, el tema sigue estancado. Por ello, en febrero de 2021 Rafael Cuesta presentó ante la Corte Constitucional (CC) una acción por incumplimiento, demandando que se cumpla con la reparación ordenada por la CIDH.

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Al cabo de dos años, en agosto de 2023 la Corte Constitucional falló a favor del periodista y le dio la razón. No obstante de aquello, dos meses después todavía no se ha concretado la reparación por parte de las instituciones responsables, confirmó a este Diario la defensora de Cuesta Caputi, abogada María Dolores Miño.

El organismo concluyó que no se ha cumplido con la obligación de otorgar al accionante una reparación adecuada.

La Corte expuso sus reproches ante los incumplimientos de las autoridades estatales y del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos (MMDH), antes Secretaría de Derechos Humanos y Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC).

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“A esta Corte le resulta inconcebible que, después de 15 años desde la publicación del Informe de Fondo 36/08 de la CIDH, cuyo objetivo era reparar a una víctima de violaciones de derechos humanos, esta aún no haya sido reparada”, dice la sentencia 13-21-AN/23, del 30 de agosto de 2023, cuya juez ponente fue Carmen Corral Ponce.

La CC hizo un “severo llamado de atención” a las autoridades del Ministerio de la Mujer, obligadas a dar cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. También llamó la atención a las “demás entidades estatales involucradas en el proceso, ya que durante este tiempo se han limitado a encontrar obstáculos para el cumplimiento de sus obligaciones, imponiendo procedimientos y requisitos tendientes a retardar el otorgamiento de la reparación que le correspondía al señor Rafael Cuesta Caputi”.

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En el documento quedó constancia de que la investigación que debía llevar a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE) recién inició en octubre de 2017, nueve años después de la disposición de la CIDH y 17 años luego del atentado, cuando se ingresó la noticia del delito y se realizó un impulso fiscal para ubicar a las personas con conocimiento de los hechos.

Aunque se tomaron versiones de la víctima y de más personas en 2018, para el año 2021 la Fiscalía solicitó el archivo de la investigación, alegando que habría prescrito.

En la sentencia, la Corte resolvió aceptar la acción interpuesta por el periodista. Declaró el incumplimiento de dos recomendaciones del Informe de Fondo 36/08. Realizó un llamado de atención a las autoridades del MMDH, Fiscalía y más entidades involucradas, “por la dilación y falta de diligencias en la ejecución de sus obligaciones”.

Además, se dispuso que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, acaten el informe de la CIDH y efectúen una investigación completa, imparcial y efectiva en torno al atentado que sufrió Cuesta Caputi. Para el efecto, la Corte dio un plazo de dos meses desde la notificación de la sentencia.

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También dispuso al MMDH que otorgue “una reparación adecuada” a la víctima, por las violaciones a sus derechos, en un plazo de dos meses a partir de que el Ministerio emita una reglamentación -ordenada por la Corte en 2021 a la entonces Secretaría de Derechos Humanos- para cumplir con la ejecución de las decisiones emitidas por organismos internacionales de derechos humanos.

El organismo aclaró que el pago de la reparación al periodista no dependerá de la emisión de la normativa.

Adicionalmente, la CC exhortó al Ministerio de Finanzas a brindar las facilidades para el cumplimiento del informe de la CIDH.

La abogada María Dolores Miño explicó a EL UNIVERSO que “no ha habido ni siquiera un acercamiento por parte del Ministerio” hacia Rafael Cuesta. Por ello, a fines de octubre la defensora envió un oficio a la entidad, pero aún no existe respuesta.

“Ese es el Estado del arte, a pesar de que la Corte ordenó el cumplimiento inmediato”, puntualizó Miño.

Respecto de la investigación del caso, la abogada indicó que el proceso se reabrió. Que cada vez que la CIDH se pronuncia, la Fiscalía vuelve a tomar contacto con el periodista para que rinda su versión nuevamente, pero más allá de eso la investigación no avanza.

A criterio de Miño, la reparación no se ha concretado porque “hay un desinterés del Estado”, que no sabe cómo responder ante este tipo de situaciones.

“Y hay negligencia. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos está lleno de funcionarios profundamente incompetentes, que no tienen idea de cómo hacer su trabajo, incluso con informe favorable del Ministerio de Finanzas, que ordenaba que se le repare, no se hizo eso”, reclamó la representante de Rafael Cuesta.

La defensa solicitó a la Corte Constitucional que inicie la fase de seguimiento del cumplimiento de la sentencia de agosto pasado. (I)