Cuatro días después de los despidos y fusión de ministerios de la Función Ejecutiva, los grupos sociales van preparando, de a poco, medidas de hecho en contra del Gobierno nacional, en tanto el Ministerio del Trabajo recién analizará los cambios administrativos a los que se someterá a las instituciones y sus servidores dentro de este denominado plan de racionalización.
La semana arrancó con el reclamo de colectivos organizados bajo el nombre de “mujeres contra el ajuste”, para rechazar la fusión del ahora extinto Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno.
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Este 28 de julio se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional (CC), en Quito, para exigir al presidente de la República, Daniel Noboa, que retroceda en la medida, a la que consideran una regresión de derechos.
El presidente del Gobierno, Daniel Noboa, suscribió el 24 de julio de 2025 el Decreto n.º 60, en el que dispuso el “inicio” de una “decisión estratégica”, con la que fusionó doce ministerios a otras carteras de Estado; trasladó un viceministerio a un ministerio; el Ministerio del Interior absorberá el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Servicio Integrado de Seguridad (ECU911).
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Entre estos, el Ministerio de la Mujer, que se creó en el mandato de Guillermo Lasso.
“Esto es una regresión de derechos... querer borrar de un solo plumazo el ministerio. Le decimos al Gobierno que estamos aquí, queremos ese ministerio con financiamiento. Pedimos tomar en serio la violencia en contra de las mujeres. ¡Estamos conmocionadas, impactadas! ¡¿Cómo va a borrar el ministerio?!”, increpó Geraldina Guerra, representante de la fundación Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea).
En tanto, los servidores del Estado y representantes de los sindicatos también se alistan para emprender medidas de hecho en contra de los 5.000 despidos de servidores y las leyes orgánicas de Integridad Pública (LOIP), de Solidaridad Nacional, de Áreas Protegidas y de Inteligencia, porque afectan derechos de la ciudadanía.
Por su parte, el presidente de turno del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, reiteró que en los siguientes días se reunirán con los gremios de servidores del Estado para organizar medidas de hecho.
Según Bedoya, van a trasladarse a la Corte Constitucional para “presionar” que trate las demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública, porque se está “demorando mucho”, opinó.
Avizoró que si la CC no toma un pronunciamiento en contra de esas leyes, los siguientes días vendrán más despidos.
Relató que se conoció de estas acciones porque se filtró un documento en el que se refleja que desde el 17 de junio se estaban preparando para esta política.
En una entrevista con Radio Centro de Quito, este 28 de julio, Bedoya dijo que estos despidos, aparentemente, apuntaban a personas que ingresaron al sector público en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Excepto los de Daniel Noboa, que está en funciones.
A estas manifestaciones de rechazo se unirá la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), que participaría el 31 de julio en una movilización de iniciativa de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) que llegará a la Corte Constitucional, para que se tramiten las casi 20 demandas de inconstitucionalidad propuestas por sectores de la sociedad civil en contra de la Ley de Integridad Pública, vigente desde finales de junio.
Luego, para el 7 de agosto está prevista una manifestación nacional, a la que se sumará la Conasep, para insistir a la Corte Constitucional en que eche abajo las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) que se incluyeron en la de Integridad Pública.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) informó este lunes que el Ministerio del Trabajo autorizó la supresión de cien puestos del Ministerio de Educación, como parte del proceso de racionalización, optimización y funcionalidad del Talento Humano que arrancó el régimen el 24 de julio.
El presidente del gremio, Andrés Quishpe, cuestionó la falta de un plan de empleo o créditos productivos para las familias de los desempleados.
“No vamos a quedarnos callados. Nos movilizaremos en defensa del trabajo, de lo público y de nuestros derechos, el 7 de agosto; y en la Convención de los Trabajadores, el 16 de agosto”, posteó Quishpe, en sus redes sociales.
Además de las protestas, en lo judicial, el 6 de agosto a las 10:00 se instalaría una audiencia de acción de protección en contra del Decreto Ejecutivo 60 en la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito, que convocó el juez (e) Vicente Hidalgo Maldonado.
El juez fijó fecha para la audiencia, pero no dictó medidas cautelares para suspender sus efectos hasta que se resuelva el fondo de la acción, en un pedido planteado por una candidata a dirigir la Casa de la Cultura Ecuatoriana, María Izurieta Molina, quien está en contra de la fusión del Ministerio de Cultura y Patrimonio al Ministerio de Educación.
El Palacio de Gobierno aún no revela con exactitud la estructura de este plan de racionalización, sus objetivos, la temporalidad y cuánto generará de ahorro para el Estado y hacia dónde se dirigirán esos recursos.
Tomando en cuenta que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, en una entrevista con un programa de televisión transmitido el 27 de julio, comentó que el proceso de fusión está empezando con la elaboración de los criterios técnicos.
Por ejemplo, la elaboración de los estatutos, porque al unir los ministerios de Estado, estos deben contar con nuevos cuerpos legales y su organigrama.
Así también, cómo se va a llamar y qué nivel ocupará un servidor en las nuevas estructuras. Así como en la fusión de los ministerios de Transporte y Vivienda; o Energía con Ambiente; o Educación con Cultura y la extinta Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt).
Es decir, en el caso del actual ministro de Vivienda pasará a ser subsecretario o viceministro. “Hemos empezado a conversar de qué manera los vamos a denominar. He dado mis esbozos y he señalado que en Ecuador no es la primera vez que desaparece un ministerio. Hay que aprender a hacerlo”, dijo la ministra Núñez.
En tanto, Daniel Noboa, en una entrevista radial, dijo este lunes que este plan es para fortalecer la parte administrativa del Estado.
Añadió que se trataría de volver eficiente la administración pública. (I)