Jonathan Roberto Aguinda Shiguango se hizo notorio una vez que su nombre apareció como “tercero interesado” en “representación de los intereses” del exvicepresidente Jorge Glas dentro de la audiencia de habeas corpus dada en Portoviejo por Christian Araujo, sentenciado por asesinato a 13 años de cárcel, y a la que se adhirió la defensa de Glas al supuestamente compartir la violación del derecho a la salud, debido a que la Cárcel 4, donde se encuentran, supuestamente no les habría brindado la atención médica necesaria.

Aguinda argumentó en la audiencia una serie de problemas de salud que mantendría Jorge Glas, los cuales desde su perspectiva y los elementos aportados no han sido atendidos en debida forma por la Cárcel 4, de Quito. La petición concreta era tutelar los derechos de Glas, en relación con la protección de su derecho a la vida, integridad física y salud, lo que permitía se modulen los efectos del fallo que se emita a favor del exvicepresidente.

Como medida de reparación para Glas se pedía al juez constitucional de Portoviejo, Banny Molina, ordene su inmediata libertad. Al final de la audiencia se dio paso a ese pedido, al de Araujo y al de Salcedo.

Investigaciones penales y pérdidas de competencia han marcado los siete años como juez de Banny Molina

El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) no solo registra que Aguinda participó en la audiencia de habeas corpus de Glas, sino también su nombre aparece ligado a otras siete acciones constitucionales similares de habeas corpus, cinco de ellas relacionadas con hechos y procesados en el caso por asociación ilícita en el que el principal investigado es Leandro Norero.

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Tres personas más junto a Norero, desde finales de mayo pasado, son procesadas por lavado de activos. En este caso se analiza el supuesto uso de empresas fachada e incluso el Gobierno cree que se lavaban activos del narcotráfico. Luego de varios allanamientos realizados se encontraron lingotes de oro, dinero en efectivo, armas de fuego y documentación que estaría relacionada con el posible ilícito.

El 26 de julio pasado, la Fiscalía a través de su cuenta de Twitter advertía de un abuso de la acción constitucional de habeas corpus relacionado al caso en el que además de Norero son investigados Israel N. T., Johanna Z. T., ambos hermanos del principal sospechoso, y Lina R. V. Explicaba que en las últimas horas y de manera simultánea se habían interpuesto habeas corpus en contra de Eladio Macías, juez que dictó prisión preventiva para los procesados.

“Contra toda norma expresa, Leandro N. y Johanna Z. han presentado en dos ocasiones -cada uno- acciones constitucionales de habeas corpus, aduciendo hechos y pretensiones similares; mientras que Israel N. lo hizo por una vez”, señaló en un comunicado la Fiscalía.

El nombre de Aguinda aparece junto al de Leandro Norero en la casilla de autores u ofendidos en un proceso por habeas corpus que radica en Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. En ese caso, los jueces decidieron acumular tres acciones constitucionales de habeas corpus, debido a la conexidad de las pretensiones y tener a las mismas personas: el accionante Norero y el accionado el juez Macías.

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Norero y Aguinda considerarían que se han vulnerado los derechos a la detención con fines investigativos otorgada por el juez Macías; la falta de motivación del auto que impone la prisión preventiva; y una privación de libertad de manera ilegítima e ilegal, “existiendo identidad objetiva tanto de las personas como de los hechos que nace de una misma causa”, explicaron los jueces de Cotopaxi.

Otro caso por habeas corpus en el que aparece el nombre de Roberto Aguinda está relacionado con la procesada en el caso por lavado de activos Johanna Z. T. En esa causa se admitió parcialmente el habeas corpus luego de declarar la vulneración de los derechos a la salud y a la seguridad jurídica.

Como medidas de reparación se dispuso que el SNAI y el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi en forma inmediata garanticen la salud a través del Sistema Nacional Integral de Salud. Ese caso está actualmente a la espera de que se dé una audiencia de apelación.

También hay dos otros habeas corpus seguidos por Roberto Aguinda y Bladimir Cantos en contra de Fernando Villacís, secretario técnico de Inmobiliar. Esto tiene que ver con un habeas corpus presentado debido a que se desconocía el paradero de mascotas que estaban en el interior de una de las viviendas allanadas dentro del caso Norero.

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El demandante señala de manera literal: “Dichos animales, que son sujetos de derechos, desde el 25 de mayo de 2022, no han recibido alimentación ni el cuidado que les corresponde, es más, ha llegado a nuestro conocimiento que el 30 de mayo de 2022, por vecinos del sector, que los animales han sido trasladados por parte de funcionarios de Inmobiliar a otro lugar del que se encontraban, sin conocer hasta la actualidad su paradero”.

Por ser incompetente en razón del territorio, un Tribunal de Manta, en Manabí, por unanimidad inadmitió la acción de habeas corpus presentada por “los abogados” Aguinda y Cantos. En el proceso se definió que las mascotas estaban en Guayaquil, por lo que la Sala dejó a salvo el derecho de los accionantes en interponer los recursos que crean convenientes en el lugar respectivo.

Desde el 9 de agosto pasado, en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón recayó una nueva acción de habeas corpus de Aguinda y Cantos contra el secretario técnico de Inmobiliar.

Sombras de irregularidades rodearían nuevamente a un ‘habeas corpus’ con el que resultó beneficiado el exvicepresidente Jorge Glas

Finalmente, dentro de una acción de habeas corpus correctivo presentada en favor de Fernando Agredo Gómez y aceptada por jueces de la Unidad Penal del cantón Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas en mayo pasado, también forma parte Roberto Aguinda, quien dice comparecer en favor de Leandro Norero, Johanna Z. T. e Israel N. T.

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En una providencia del 3 de agosto pasado, el juez de Santo Domingo que lleva el caso dispuso a Aguinda que justifiquen, entre otras cosas, la razón y la calidad en que comparecen en esta causa de la que como ya se ha indicado el accionante es una persona diferente a la de los comparecientes o a quienes indican como beneficiarios de la misma; y se indique de manera documentada en qué lugar los que se indican como beneficiarios se encuentran privados de su libertad.

Esto último tendría la finalidad de definir si el juez de Santo Domingo de los Tsáchilas es o no competente, con relación a materia y territorio, para conocer las peticiones. Los tres procesados en el caso por lavado de activos se encontrarían en el Centro de Privación de la Libertad Regional Sierra Centro-Norte de Cotopaxi, ubicado en Latacunga. (I)