Que el Registro Único de Violencia (RUV) sea una realidad y no solo un discurso de papel y que haya la respectiva capacitación, así como la mejora en conectividad y de equipos informáticos, es lo que piden activistas consultadas por este Diario sobre esta herramienta.
A finales de noviembre, el Gobierno presentó la primera fase del RUV, que recopilará el historial de las víctimas de violencia, el cual servirá también para generar políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres.
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“Como sociedad civil esperamos que el Registro Único sea una realidad y no solamente un discurso”, dijo Geraldina Guerra, representante de la fundación Aldea y quien desde hace 17 años lucha por los derechos de las mujeres.
“Se trata de una herramienta que era una deuda desde que se aprobó la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero que requiere voluntad política para implementarla, porque las instancias competentes tienen que coordinar la implementación de este Registro Único”, agregó Guerra, quien fue elegida entre las 100 influyentes e inspiradoras por la BBC en este 2022.
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Por su parte, Virginia Gómez de la Torre, militante de la Coalición Nacional de Mujeres, señaló que el RUV es una herramienta que se viene construyendo desde el gobierno anterior, y que “en esta gestión han decidido que esté en el Ministerio de la Mujer, pues antes era la Policía quien lo tenía”.
“El RUV es una herramienta fundamental en la lucha contra la violencia, pues la información sobre las víctimas va a ser inmediata; requiere, eso sí, de capacitación, mejora de la conectividad y de equipos informáticos. Nuevamente la inversión económica es determinante”, aseguró Gómez de la Torre, quien también es directora de la fundación Desafío.
La información para el RUV será emitida por nueve instituciones en esta primera fase, que contó con el aporte de $ 3 millones de la Unión Europea (UE): Ministerio de Educación, ECU911, Fiscalía, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura, Ministerio del Interior, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría de Derechos Humanos y Ministerio de Salud Pública.
En la segunda fase, en la que también la UE aportará $ 1 millón más, se articulará a 22 entidades.
Según Paola Flores, ministra de la Mujer y Derechos Humanos, al encontrarse la información en el RUV, “las mujeres que ponen las denuncias no tienen que estar institución por institución”, además de que “este sistema nos va a ayudar a salvar vidas y a tener alertas tempranas”, dijo en una entrevista a la agencia EFE.
“El objetivo es que las mujeres no mueran con la boleta (de auxilio) en la mano, sino actuar de manera eficiente”, agregó.
A partir del RUV, se dispondrá de un historial de las víctimas relacionado con el empleo, nivel de educación, edad, situación migratoria, denuncias actuales y anteriores, datos de la pareja, tipo de violencia, entre otros datos.
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En el diálogo con EFE, Flores indicó que el 2022 se ha convertido en el año más violento para las mujeres, al contar con un registro de 273 femicidios. Recordó que una cifra alta se evidenció hace cinco años, con 100 casos.
Lo dicho por Flores no es nada extraño para Guerra, quien ratificó que el “2022 es un año mortal para las mujeres”, porque “la escalada de violencia está matando cada 28 horas a una mujer; y lo más desolador de esta realidad es que las respuestas de prevención siguen siendo ineficaces”.
“Claro que es el año más violento, y el año pasado también fue el año más violento, y así sucesivamente...”, dijo Gómez de la Torre. (I)