La Corte Constitucional (CC) del Ecuador es el máximo organismo de control, interpretación y aplicación de la Constitución en Ecuador. Su misión principal es garantizar que las leyes, decretos y actos del Estado respeten la Carta Magna.
La CC fue creada con la Constitución de 2008 y se le otorgó un papel central en la interpretación y administración de la justicia constitucional en el país. Desde el 2010 hasta la fecha, la CC ha recibido un total de 99.478 causas, según consta en su sitio web.
La Corte es un órgano autónomo e independiente, con jurisdicción a nivel nacional y con sede en Quito. No está sometido al control parlamentario, pero sus jueces sí pueden ser responsables administra o civilmente de sus actos, ya que gozan de la condición de servidores del Estado.
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En las preguntas de consulta popular que impulsa el presidente Daniel Noboa se propone que los jueces constitucionales puedan ser destituidos y censurados por juicio político con 77 votos de los miembros de la Asamblea Nacional.
Antes de la Constitución de 2008 existió el Tribunal Constitucional, que fue creado tras una serie de reformas constitucionales que se llevaron a cabo en 1996 y 1997 y que reemplazó al Tribunal de Garantías Constitucionales. El tribunal se mantuvo en la Constitución de 1998, pero fue eliminado en 2008.
¿Qué hace la Corte Constitucional?
La actual CC está integrada por nueve jueces que se renuevan por tercios cada tres años. Los magistrados son designados por el Consejo de Participación Ciudadana a partir de ternas enviadas por la Presidencia, la Asamblea y la Función de Transparencia.
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Los magistrados no pueden ser reelegidos y son designados mediante un proceso público de méritos y oposición en el que intervienen el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Función de Transparencia y Control Social.
Los actuales magistrados de la CC son Richard Ortiz, Jhoel Escudero, Alejandra Cárdenas, Alí Lozada, Karla Andrade, Claudia Salgado, José Luis Terán, Jorge Benavides y Raúl Llasag Fernández, titularizado el pasado 31 de julio.
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Entre sus funciones está revisar si todas las leyes y otros cuerpos normativos son constitucionales, aprobar consultas populares y proteger los derechos de las personas cuando estos son vulnerados.
En las últimas semanas, la Corte ha estado en el centro de la polémica por suspender 17 artículos de leyes clave impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa, quien ha criticado la decisión e incluso realizó una marcha hacia la Corte el martes 12 de agosto.
Las tensiones escalaron cuando aparecieron gigantografías en Quito señalando a jueces, algo que generó preocupación en sectores políticos y sociales, que ven un riesgo a la independencia judicial.
(I)
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