“Estoy pensando en la posibilidad de incluir la reforma laboral en esta consulta”. Es lo que dijo el presidente Guillermo Lasso el pasado martes durante una entrevista radial.

Este anuncio preocupa a sindicalistas y expertos laborales, quienes consideran que no hay un rumbo claro de la intención del Gobierno en este asunto.

Cristóbal Buendía, procurador de la Confederación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, lamenta que el tema se siga postergando.

“Nos preocupa este permanente cambio de opinión presidencial, primero se había incluido en la recordada Ley de Oportunidades, luego que iba ser enviada después de la tributaria. Posteriormente, que iba a ser socializada en mesas de trabajo y ahora en una consulta popular. Al parecer existe inseguridad o no hay una definición al interior”, dice Buendía.

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Menciona que si Lasso opta por una consulta popular significa más tiempo. “Este tema es prioritario. Hay un cálculo político o de popularidad”, piensa y añade que no existe seriedad.

Nueva ley laboral tendrá de 60 a 90 días de debate público para que a la Asamblea llegue un proyecto fortalecido

Con esto concuerda la abogada laboral Vanessa Velásquez, quien indica que el régimen “no tiene idea” de cómo encaminar las reformas.

Dice que enviarlas por esa última vía es esperar la aprobación de la Corte Constitucional “y eso tomará mucho tiempo”.

Lasso expuso esa intención de incluir las reformas laborales en la consulta popular, “porque el 70 % de la fuerza laboral del Ecuador no tiene un empleo formal. Entonces, que esa mayoría de ecuatorianos resuelva si está de acuerdo o no con esa nueva ley laboral”, puntualizó el mandatario.

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Sin embargo, hace pocos días el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, confirmó a este Diario que iniciarán mesas de trabajo de diferentes sectores y organizaciones para construir el proyecto de Ley. Incluso, que entre 60 y 90 días sería el plazo para debatir el proyecto, que iría a la Asamblea, posiblemente con el carácter de económico urgente.

Con este proyecto se pretende crear otra normativa para los 5,7 millones de personas que están en el desempleo, subempleo o en la informalidad. Y el actual seguirá vigente.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo a noviembre de 2021 fue de 4,4 %, el subempleo en 24,5 % y el empleo adecuado de 33,7 %.

Buendía no cree que sea una especie de plan b, ante una negativa del Legislativo al proyecto. Él sostiene que no hay prioridad.

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En cambio, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dice que si se consigue mejorar la ley laboral, cualquiera de las dos vías sería positiva.

“Lo bueno de la consulta popular es que permitiría que las reformas laborales se aprueben sin mayores trabas. Lo malo es que tardaría otro año en llevarse a cabo, y el reto está en cómo plantear las preguntas para no caer en ambigüedades”, expone.

Mientras que, con un proyecto de Ley, que pase por la Asamblea, se podrían ver resultados en menos tiempo. “El riesgo es que la reforma no sea integral y por ende no genere el resultado que el país necesita”, apunta.

Otra perspectiva tiene Jorge Acosta, coordinador de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas Bananeros y Campesinos (Astac). Piensa que ir hacia una consulta popular es estancar el problema.

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“Ir a una consulta sin mesas de trabajo sería aprovecharse de una situación desesperada de los desempleados para llevarlos a condiciones de trabajo regresivas. Esas mesas deben ser amplias e incluir a todos los sectores”, apunta.

Acosta considera que en estas mesas de trabajo debe analizarse la rentabilidad de las actividades y conocer las condiciones actuales. “Sería importante que esas mesas respeten los criterios mayoritarios si no, no tiene sentido”, enfatiza.

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Y Velásquez sugiere que sean por sectores para que la minoría también se beneficie. “Por ejemplo, no pueden confundir la necesidad de un sector comercial de venta al por mayor y al menor con el sector agrícola y cada uno no es lo mismo, el de banano es uno y el de piña es otro. Pero como son (asociaciones) grandes logran consensos y no es la idea”, menciona.

Según Buendía, Acosta y Eduardo Ortega, vicepresidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, hasta ahora no los han convocado para las mesas de trabajo y desconocen las temáticas.

Entonces, con ese panorama Ortega se muestra dudoso de la propuesta de la consulta popular, más aún sin conocer algún indicio de su contenido.

Dice que en Presidencia, en el Ministerio del Trabajo y en la Asamblea ha presentado propuestas y en ninguna tiene respuesta.

“Nosotros queremos las reformas laborales, pero queremos estabilidad, que no se mermen los derechos. Queremos un diálogo verdadero, de llamar a todos los involucrados”, asevera.

Entre los desempleados, lo que se espera es trabajo. Jenny, de 33 años y madre de dos hijos, dice que tiene experiencia en el cuidado del adulto mayor. Pero desde hace dos años y medio que no encuentra trabajo. Asegura que ha buscado empleo en diversos espacios, sin importar si se trata de trabajos de su especialidad o no. Por ello empezó a hacer pasteles para sobrevivir. Sin embargo, no tuvo una buena acogida: “la gente en estos días no quiere comprar nada”. Ahora le ayuda a su madre en un pequeño comedor que ella tiene.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que exista una reforma laboral que por un lado podría incentivar el empleo manteniendo seguro social, décimos y vacaciones, pero que sería un tanto más flexible en los pagos por indemnizaciones o jubilación patronal, considera que sería excelente. Asegura que habría más oportunidades para que las personas que están desempleadas accedan a un trabajo formal.

María (45), tiene un hijo de 12 años que depende de ella y cuenta que desde hace tres años no tiene un trabajo estable. Se sostiene con un emprendimiento que hace con un familiar y que es vender empanadas de verde y chifles de sal y de dulce. De vez en cuento le sale una limpieza de cada. Cuenta que durante este tiempo ha entregado hojas de vida por ejemplo para limpieza en hospitales y servicio doméstico, pero no le ha resultado. Ella reconoce que al momento hay muchas personas desempleadas, pero dice no estar de acuerdo con que una eventual ley disminuya de alguna manera derechos a los trabajadores. “No sería justo, estaríamos perdiendo”. (I)