El Partido Social Cristiano (PSC) inició un proceso disciplinario en contra del exlegislador Pablo M., quien cumple prisión preventiva dentro del caso Purga, en el que se investiga el cometimiento del delito de delincuencia organizada para obtener favores judiciales. Así lo informó a este Diario el presidente nacional de esa organización política, Alfredo Serrano.

Pablo M., según la Fiscalía, fue el “líder del grupo criminal”, lo que lo benefició con acciones judiciales para ganar, de manera irregular, una millonaria demanda contra el Banco del Pacífico, por la cual la entidad financiera debería pagarle casi $ 4 millones al exasambleísta.

El socialcristiano se habría valido de su relación con Fabiola G., extitular de la Corte de Justicia del Guayas, y otros jueces también aprehendidos en el operativo Purga.

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“El proceso disciplinario está establecido en el Código de la Democracia; está ya en manos del Tribunal de Disciplina del partido. Para que pueda iniciarse primero hay que notificarlo, fijarse fecha para escucharlo, tiene que nombrarse al defensor del afiliado como lo señala la ley. De manera que es un proceso engorroso y largo, pero que ya se inició”, comentó Serrano.

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Pablo M. tiene más de 20 años militando en el PSC. Ha sido dirigente del distrito 3 de Guayaquil, que corresponde a las parroquias del centro sur de Guayaquil, y parte de la Tarqui; fue legislador alterno y principal; y funcionario del Municipio de Guayaquil en la administración de Jaime Nebot.

Alfonso Pérez, quien es presidente del Tribunal de Disciplina del PSC, indicó que de momento están estudiando la situación de Pablo M. para determinar bajo qué causal prevista en su estatuto podría sancionárselo.

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Pérez recordó que el Tribunal de Disciplina no hace un juzgamiento penal, es decir que no podría afirmar que Pablo M. cometió un delito.

En el artículo 6 del estatuto del PSC, colgado en su sitio web (www.la6.org), se establecen las siguientes causales de expulsión de sus afiliados:

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a) No sujetar la actividad política a los principios del Ideario socialcristiano, el plan de gobierno y el estatuto.

b) Hacer declaraciones públicas en contra de las resoluciones aprobadas por los organismos máximos del partido, o adelantarse a las mismas sin dejar expresa constancia de que se trata de criterios personales que no involucren a la organización partidista.

c) Comprometer la línea del partido con acuerdos de cualquier naturaleza que no hayan merecido antes la aprobación de la directiva correspondiente.

d) Formar cualquier clase de organización interna, distintas de las previstas en el estatuto.

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e) Romper, desconocer o abstenerse de obedecer los compromisos políticos celebrados por el partido.

f) Aceptar cargos con rango de ministro de Estado o similares, de representantes diplomáticos, o cualquier otra función de confianza del presidente de la República, sin la autorización formal del partido; en caso de que este no sea del partido.

g) Arrogarse la representación del partido, o de sus instancias directivas.

h) Incumplir las resoluciones de las instancias superiores del partido.

i) Por la comprobación de que su denuncia a otro afiliado fue falsa o mal intencionada.

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En el artículo siguiente se indica que otras faltas no contempladas en el anterior se sancionarán con amonestación verbal, amonestación por escrito y la suspensión de los cargos que ejerce dentro del partido y de los derechos que tiene como militante hasta por el lapso de un año.

Serrano insistió en que el caso de Pablo M. es “aislado”, que él tiene que responder por sus acciones y que el partido no tendría que verse afectado.

El caso de Aleaga

En el caso de Ronny Aleaga, exlegislador correísta señalado en Metástasis, no se ha iniciado de momento ningún proceso disciplinario en el interior de la Revolución Ciudadana (RC), indicó Pierina Correa, actual asambleísta de ese grupo y hermana mayor del expresidente Rafael Correa.

La Fiscalía acusa a Aleaga de aprovecharse de su condición de asambleísta para gestionar favores para el fallecido narcotraficante Leandro Norero. Tiene orden de prisión preventiva, pero está fuera del país. (I)