Ley urgente aún no se califica en el CAL para iniciar el trámite de primer debate

Este viernes 1 de agosto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) espera calificar el proyecto económico urgente remitido por el Ejecutivo para el control de flujos irregulares de capitales.

Mientras tanto, algunos sectores políticos de la legislatura comenzaron a dar sus primeras impresiones respecto a la iniciativa del presidente Daniel Noboa, que será tramitada en la Comisión de Desarrollo Económico presidida por la asambleísta Valentina Centeno, quien ha elaborado los informes de los tres primeros proyectos urgentes.

Sergio Peña, expulsado de la bancada RC y ahora vota con ADN, dijo que el proyecto es perfectible y que lo importante es conocer cómo las fundaciones están manejando fondos y crecen de la noche a la mañana; por lo tanto, hay que saber de dónde vienen y a qué se destinan.

Indicó que la normativa tiene que ir a blindar el flujo de recursos que ingresan a las fundaciones y sobre todo que garantice transparencia, pues afirmó que muchos de los recursos que ingresan vía fundaciones financian al crimen organizado.

Explicó que en la actual normativa existen vacíos legales respecto al funcionamiento de las ONG, por ejemplo, en la presentación de informes, pues no se obliga la rendición de cuentas sobre el ingreso y el uso de los recursos.

Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), indicó que este tipo de proyectos lo que hacen es ahuyentar la inversión externa, porque se crea una inseguridad jurídica con proyectos que modifican el pago de impuestos.

Dijo que el proyecto de ley de urgente no tiene nada, aunque se mostró partidario de que es necesario regular a las fundaciones, pero aprovecharse de este proyecto para incluir impuestos a los ecuatorianos, el PSC se opone.

Advirtió que se pretende instaurar dos impuestos: primero, subir los impuestos para los dividendos del 10 % al 12 %; y segundo, para las empresas que deciden no repartir utilidades, porque generalmente las invierten, quieren incluir un impuesto.

Andrés Castillo, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), comentó que todos los proyectos urgentes son perfectibles y sujetos a análisis de los legisladores. Y respecto a la actuación de las fundaciones en el país, dijo que debe ser transparente, pues no se trata de cerrar la puerta a nadie, sino más bien transparencia en cuanto a los recursos que reciben.

El legislador Franklin Samaniego, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), indicó que el Ejecutivo sigue abusando de los proyectos de carácter urgente respecto a la unidad de materia.

En torno al control de las fundaciones por parte del Estado indicó que existen alertas en relación a la posibilidad de un control inadecuado de estas organizaciones, principalmente, del trabajo que realizan en favor de los ecuatorianos.

Indicó que el Estado debe fortalecerse y no depender de las ONG para realizar el trabajo de atención primaria, canalizando recursos que deben ser canalizados y transparentados.

En tanto, la asambleísta Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, consideró que es inconstitucional el proyecto remitido por el Ejecutivo porque no respeta la unidad de materia y además pretende acabar la libertad de asociación.

Dijo que todas las organizaciones que reciben recursos económicos de organismos internacionales lo hacen a través de los distintos bancos y están sometidas al control, de manera que no están escondiendo el manejo del dinero; por lo tanto, con el proyecto lo único que pretenden es “controlar, acabar y perseguir a quien piensa distinto”, anotó.

Yumbay advirtió que varias organizaciones no gubernamentales han manifestado su rechazo a las propuestas, pues en su mayoría son organizaciones que están en contra del extractivismo, que defienden los territorios. (I)