La Procuraduría General del Estado (PGE) solicita al Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) el embargo de las cuentas a nombre de 18 de los 20 sentenciados por cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016. El pedido de la Procuraduría, como representante judicial del Estado ecuatoriano, fue presentado el 7 de junio pasado.

La medida se dicta una vez que el Tribunal confirmó que hasta el 4 de junio pasado no se había dado cumplimiento al mandamiento de ejecución para que cancelen la reparación integral de $ 778.224 los autores mediatos, directos y coautores; mientras que como cómplices, $ 368.632.

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El viernes último, el nuevo Tribunal de Ejecución del caso Sobornos, integrado por Walter Macías (ponente), Marco Rodríguez y la conjueza Mercedes Caicedo, confirmó el incumplimiento del mandamiento de ejecución emitido el 19 de mayo último, con el que se daban cinco días de término para cumplir con esa obligación que es parte del fallo que está en firme desde finales de septiembre del 2020. El 27 de mayo pasado se cumplió el término dado para ese cumplimiento.

En la lista contra quienes se pide el embargo de las cuentas están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, sentenciados a ocho años de cárcel en calidad de autores mediatos por instigación; Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; los exministros Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte; una exasesora de la Presidencia, Pamela Martínez; y los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Vitreri, exfuncionarios públicos condenados a ocho años de cárcel como coautores.

Además, los empresarios a quienes se les definió una pena de ocho años de cárcel como autores directos del delito de cohecho: Édgar Salas, Ramiro Galarza, Bolívar Sánchez, William Phillips, Rafael Córdova, Teodoro Calle, Pedro Verduga y Mateo Choi. Finalmente, la exasistente presidencial Laura Terán, quien fue declarada cómplice del delito de cohecho.

La PGE en un comunicado señaló que posteriormente, en virtud del orden de prelación, solicitará idéntica medida sobre los bienes muebles e inmuebles de los condenados que aún no han cumplido con su parte de la reparación económica al Estado.

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Hasta el momento, los empresarios Víctor Fontana y Alberto Hidalgo —también condenados en este caso— son los únicos que han pagado en su totalidad la reparación integral dispuesta, de $ 778.000 y $ 368.000, respectivamente. Hidalgo fue hallado finalmente culpable en calidad de autor directo, pero mantuvo la reparación integral de los acusados como cómplices que se le impuso en la sentencia de apelación o de segunda instancia.

El empresario Rafael Córdova también planteó una fórmula de pago, la cual sería conocida en una audiencia de ejecución, diligencia que ya habría sido solicitada por la Procuraduría. Córdova busca cancelar su obligación mediante dinero en efectivo que estaría retenido por orden judicial en cuentas bancarias (más o menos $ 123.000), bienes inmuebles que están a nombre de Córdova (aproximadamente $ 330.000) y la diferencia que se pueda pagar a plazos.

“La Procuraduría General del Estado no cejará en sus esfuerzos para que los sentenciados en este y otros procesos subsanen el daño ocasionado y de esa manera se garantice la eficiencia de la resolución dictada por la Función Judicial”, aseguró en un comunicado público la PGE.