El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, manifestó que su accionar como principal personero de la Procuraduría ha estado ceñido a la ley, y que lejos de incumplir funciones, las ha cumplido con creces”. Las declaraciones las hizo en referencia al juicio político que plantea en su contra la bancada de UNES (correísmo) en la Asamblea, entre otras razones, por haber recomendado al presidente de la República, Guillermo Lasso, cancelar la deuda pendiente con la empresa francesa Perenco, producto de un laudo arbitral internacional iniciado en 2008.

Admitió que envió una comunicación reservada al presidente de la República, Guillermo Lasso, en el sentido de que se debe pagar dicho laudo. Si el Estado ecuatoriano incumpliera esa obligación ($ 374 millones), la compañía acreedora podría ejecutar el laudo. Esto significaría que la empresa podría acudir a diferentes tribunales de diversos países donde el Estado tiene activos para cobrarse con estos bienes. Esto, además de restringir el control del Estado sobre cómo pagar la deuda, pondría en riesgo el prestigio del Ecuador, explicó. Aseguró que cuando él llegó a la Procuraduría ya existía una sentencia, y que logró que el monto del pago se redujera en $ 36 millones.

En todo caso, explicó que de momento “el Ministerio de Economía se encuentra empeñado en llegar a un acuerdo que le permita pagar la totalidad del monto, en términos que le sean factibles y convenientes, dada la penuria de las arcas fiscales actualmente”.

Recordó que en este caso la demanda internacional se inició en el 2008, justamente durante el gobierno de Rafael Correa, debido al cambio de condiciones de los contratos petroleros, que establecía que de los excedentes petroleros conseguidos se entregara 99 % al Estado y 1 % a la empresa privada, cuando la condición anterior era de 50 % y 50 %.

Dijo estar sorprendido de que sea la propia bancada de UNES la que esté promoviendo el juicio, cuando el procurador del gobierno de Correa, Diego García, hizo exactamente lo mismo en los casos Burlington y Murphy, empresas a las que también se les debió pagar millonarias indemnizaciones. Recordó que Perenco, Burlington y Murphy tienen una misma raíz de demanda, que es la expedición de la ley 42 y el decreto 662.

Adicionalmente, dijo que su accionar en el caso Sobornos y la entrega de una Ley Orgánica de Repetición, que afectaría a funcionarios públicos que deberán responder por haber provocado que el Estado salga perjudicado en laudos y otros temas internacionales, han generado este ánimo de venganza en contra de él.

En el tema del caso Sobornos, comentó que lamentablemente no se está avanzando de manera ágil en el proceso de embargos. Explicó que, en días pasados, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia decidió cambiar el modo de ejecutar los embargos.

Anteriormente la ejecución estaba en manos de la propia sala, pero ahora ha indicado que lo haga la Procuraduría acudiendo a los jueces de primera instancia de cada uno de los condenados. Esto complica el trámite y demora la recuperación. Aunque se podría revisar la decisión de la sala. Al ser consultado si ya se han identificado bienes del expresidente Rafael Correa para que cubra una deuda de $ 700.000, el procurador explicó que los condenados deberían cumplir con los pagos para así no tener que sufrir embargos.

De otro lado, acerca de un supuesto tráfico de influencias para el nombramiento del defensor público, de lo cual también lo estarían acusando, explicó que uno de los concursantes había puesto su nombre como referencia. Por eso el Consejo de Participación le pidió que hiciera un comentario sobre el tema, y él emitió esa carta de recomendación. El tema ya ha sido desechado por la Fiscalía.