El juicio político en contra del exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables René Ortiz es el primero que se archiva en la nueva Asamblea Nacional, una vez que este 17 de junio venció el plazo para que la Comisión de Fiscalización presente un informe para conocimiento del pleno.

Los vacíos legales por la transición, mientras corrían los plazos del proceso contra Ortiz, llevaron a la Comisión de Fiscalización a pedir que el pleno de la Asamblea Nacional se pronunciara frente a la ausencia de interpelantes y y que se suspendan los plazos. Pero a ese pedido no se dio trámite ni se incluyó en el orden hasta el 17 de junio.

Juicio político en contra del exministro de Energía René Ortiz podría ser archivado

El juicio político contra Ortiz fue presentado por los exasambleístas Mercedes Serrano y Denis Marín (PSC), por incumplimiento de funciones en la contratación de seguros para Petroecuador.

Publicidad

La Comisión de Fiscalización, presidida por Elio Peña (Pachakutik) en el anterior periodo, calificó el juicio el 12 de mayo; notificó al acusado del inicio del proceso el 13 de mayo; y, a partir del siguiente día, comenzó a correr el plazo para la presentación de pruebas de cargo y de descargo, que venció el 7 de junio pasado. Según la normativa, desde esa fecha la Comisión tenía cinco días para presentar un informe e inclusive podía solicitar una ampliación de cinco días adicionales. Esos plazos vencieron este 17 de junio.

La actual Comisión, presidida por Fernando Villavicencio (Concertación-PSE), aprobó el 7 de junio pasado una resolución para que el pleno de la Asamblea se pronuncie sobre la suspensión de plazos y se nombre a nuevos interpelantes, tomando en cuenta que Serrano y Marín ya perdieron su calidad de legisladores.

Villavicencio increpó este jueves a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por no incluir en el orden del día del pleno la petición de la Mesa de Fiscalización, pues dijo que por cinco ocasiones insistió en el tema y que más importancia se ha dado a resoluciones muchas de ellas para saludar a “mamá y a papito”.

Publicidad

Hay boicot

Villavicencio afirmó que presiente que hay un boicot en contra de impulsar los juicios políticos a los exministros del Gobierno de Lenín Moreno, y afirmó que hasta el 17 de junio la presidencia de la Asamblea no ha emitido una respuesta sobre el estado de los procesos en contra de exfuncionarios como Richard Martínez.

Dijo que la comisión que preside no será nunca más una comisión de archivo, que todo esto le huele mal. “Nosotros como Comisión no vamos a cargar con estos muertos; este legislador no va a cargar con estos muertos, porque ya demasiados muertos hay en el clóset de la impunidad”.

Publicidad

En referencia al juicio político contra el exministro Ortiz, el asambleísta Villavicencio dijo: “El día de hoy (17 de junio) se vence el plazo. Yo le digo al país que está no es mi responsabilidad; allá ellos que carguen con los muertos, pero esta comisión nunca más será la comisión de archivo”.

El legislador nacional ante el pleno manifestó que él votó por Guadalupe Llori, pero para que se acabe la comisión de archivo y para acabar catorce años de silencio e impunidad.

Declaró que por cinco ocasiones insistió a la presidencia de la Asamblea en que se incluya en el orden del día el debate sobre los juicios políticos rezagados y que la última petición fue el 15 de junio, para que se incluya el conocimiento de la situación del juicio al exministro René Ortiz, porque es el pleno quien tiene que resolver, porque así recomienda un informe de coordinación jurídico de la Asamblea Nacional.

Villavicencio indicó que una de las acusaciones de Ortiz es precisamente sobre el tema de seguros, cuando ahora el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso la liquidación de Seguros Sucre.

Publicidad

“Señora presidenta, no quiero pensar mal, a alguien le interesa aquí archivar los juicios políticos en contra de los exministros de Gobierno de Lenín Moreno”, sostuvo el asambleísta, quien afirmó que tampoco la secretaría de la Comisión de Fiscalización ha recibido archivos y acta de entrega de documentos pertinentes al periodo 2019-2021, por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, manifestó que la semana anterior dialogó sobre esos temas en su despacho y ordenó a la coordinación jurídica para que emitan una respuesta, y que, sin embargo, toma nota de su pedido y dará el trámite urgente que se requiere y será incluido en el pleno de la próxima sesión.

Aseguró que los juicios políticos en contra del exministro de Energía René Ortiz y del contralor Pablo Celi se encuentran en la Comisión de Fiscalización para su trámite respectivo; sin embargo, la falta de entrega formal de los archivos físicos y digitales por parte de los exfuncionarios de la Comisión ha generado el retraso en los procesos.

El expresidente de la Comisión de Fiscalización Elio Peña indicó que por brindar la seguridad jurídica a los procesos de juicios políticos dispuso a la secretaría de la comisión el día 13 de mayo que se notifique a secretaría general del juicio, y además entregó como urgente a archivo-biblioteca los expedientes digitales de los procesos pendientes, como el caso del juicio a René Ortiz y del contralor Pablo Celi, que llegó el último día del periodo legislativo. Toda esa información fue entregada al archivo-biblioteca de la Asamblea Nacional, insistió.

Si no existió ninguna actuación de parte de la Asamblea Nacional antes del 17 de junio, cuando vencieron los plazos establecidos en la norma, el juicio contra René Ortiz se archiva, afirmó Peña.

Refutó los argumentos de parte de los actuales legisladores que integran la Comisión de Fiscalización, de que por falta de transferencia de la información no se ha podido evacuar el proceso; dijo que la documentación sobre el proceso de juicio al exministro de Energía fue enviada a secretaría general.

La interpelante Mercedes Serrano manifestó que, jurídicamente, lo procedente era que la misma Comisión de Fiscalización lo resuelva o amplíe el plazo, apruebe un informe para que el pleno del Legislativo resuelva si cabe el juicio o el archivo. (I)