Nota del editor:
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Geovanni Atarihuana, director del movimiento Unidad Popular, promueve el no en la pregunta de referéndum referida a levantar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en el país, reformando el artículo 5 de la Constitución vigente.
Dice que lo que se necesita para combatir al narcoterrorismo es una política de seguridad integral que abarque, por ejemplo, controles de lavado de activos, depuración de la fuerza pública y hasta una cooperación internacional basada en intercambio de información de inteligencia y de movimientos aduaneros y portuarios y no la llegada de bases extranjeras que afectarían la soberanía nacional.
Los comicios se desarrollarán el próximo 16 de noviembre. En total son cuatro preguntas las que se pondrán a consideración del pueblo.
¿Por qué no es conveniente permitir que se instalen bases militares extranjeras en el país?
Primero, porque no soluciona en absoluto el problema de inseguridad, como ofrece el Gobierno, basta ver lo que pasa en Colombia, donde hay ocho bases de EE. UU. por más de 40 años y se ha multiplicado el cultivo de cocaína y la violencia sigue tal cual. Segundo, porque obviamente tener una base militar en un mundo como el actual, superconflictuado a nivel de las potencias, significa tomar partido por alguno de los intereses geopolíticos, sea China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia. Eso, además de afectar nuestra soberanía, nos pone en riesgo al Ecuador como zona de paz. Y para nosotros es una buena oportunidad para que el pueblo le diga no a las políticas de Noboa.
¿La cooperación internacional no es un tema importante para fortalecer la lucha contra la criminalidad?
Cooperación sí, sometimiento jamás. Adicionalmente, el combate al narcotráfico debe empezar por la responsabilidad del Gobierno, que no ha hecho o ha hecho muy poco. Dígame, usted, somos el primer exportador de cocaína en cajas de banano a Europa. ¿Quién responde por las aduanas ecuatorianas? El Gobierno nacional. ¿Quién debe controlar el lavado de activos que sustenta la economía criminal? El Gobierno nacional. El GAFI habla de $ 5.000 millones que se lavan en el sistema financiero nacional. Es grave que les hayan congelado las cuentas a dirigentes sociales e indígenas en el marco del paro y no vemos lo mismo en los capos de la droga. Para combatir el crimen organizado se requiere voluntad política de los gobernantes del país. Lo que no hace Daniel Noboa.
¿Cómo se daría ese sometimiento? Porque se supone que estas bases llegan con acuerdos negociados a nivel diplomático en los que se ponen límites y requisitos...
Usted lo ha dicho. Se supone. ¿Pero cuál ha sido la experiencia en nuestro país? En la base de Baltra en los años 40 y el FOL de Manta estaban prácticamente bajo jurisdicción norteamericana, ahora mismo hay un convenio con EE. UU. firmado por el expresidente Guillermo Lasso que está causando estragos en Galápagos.
Si gana el no, entonces, ¿cómo se puede fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo sin bases militares?
Antes que nada tiene que haber decisión política del Gobierno para combatir efectivamente el crimen organizado. Ecuador es país de tránsito; y Perú y Colombia, productores. Pero si hubiese una política del combate al consumo en EE. UU. y Europa sería de gran ayuda. Casa adentro, el combate al crimen organizado pasa por el control del lavado de activos, depuración de altos mandos de Policía y FF. AA., control de puertos y aeropuertos... Y, por supuesto, medidas estructurales, más educación, más trabajo. La cooperación internacional puede ser con niveles adecuados de información de inteligencia, de paraísos fiscales, de controles aduaneros, de puertos de llegada, todo en tiempo real. Para eso no se requiere entregar una base militar para que las tropas norteamericanas nos vengan supuestamente a proteger. (I)