Casi tres días después de que el perito Roberto Meza y la Comisión de Coordinación entregaron formalmente el documento con la reconstrucción del tercer informe del denominado caso Gabela, el argentino llegó la mañana de este viernes, 14 de julio, a la Fiscalía General, en el norte de Quito, para ampliar su versión dentro de la investigación previa abierta, a finales de 2018, ante la existencia de una posible ejecución extrajudicial en la muerte del general Jorge Gabela.

Meza fue convocado para las 09:00, pero ingresó al edificio principal de la Fiscalía poco después de las 08:00 de este viernes. En la diligencia también llegó Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que fue asesinado por varios disparos en su casa en Samborondón (Guayas), en diciembre de 2010, en lo que aparentaba ser un asalto a la hija del oficial.

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El trabajo realizado por un equipo liderado por el perito argentino entre las conclusiones a las que llega sostiene que “existen suficientes indicios para ubicar al general (Rodrigo) Bohórquez y al general (Alonso) Espinosa con motivaciones personales y económicas claras, que permiten vincularlos directamente con el móvil y como posibles autores intelectuales del crimen del general Jorge Gabela”.

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El perito también habla en su reconstruido tercer informe de la desaparición del tercer producto en el caso Jorge Gabela, realizado hace diez años, y de la doble identidad que habría mantenido uno de los involucrados en el asesinato del general de la FAE.

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Quien también llegó a la versión que debía ampliar Meza fue Ramiro Román, abogado de la familia Gabela. La defensa evitó pronunciarse sobre la versión que rendirá el perito, primero porque la causa se mantiene en la fase de reserva de investigación previa y, segundo, porque dijo que había que esperar qué preguntas le hace la Fiscalía. La ampliación, recordó Román, se hace de forma directa, dependiendo del tema que se pretende se amplíe la información.

Román lo que cree es que las consultas irían relacionadas con la información que contiene el tercer informe presentado hace pocos días.

“Este (tercer informe) es un elemento más que se suma y tiene que llegar a la Fiscalía. Espero que el perito (Roberto) Meza dé sus alternativas y la Fiscalía sabrá cómo solicita el tercer producto o informe. Pero sí quiero dejar claro que aquí existe un delito de Estado, hay un crimen de Estado desde mi punto de vista, porque se da relación al medio que es la compra de los helicópteros Dhruv. En las conclusiones de ese informe está diciendo el perito Meza que la muerte del general Gabela se establece justamente en la compra de los Dhruv y en el desacuerdo de esas compras”, anotó Román.

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Para la familia del general Gabela y su abogado ya no existe la teoría del delito común en este caso y hay una gran cantidad de hechos que describe este tercer informe que hacen que la investigación por ejecución extrajudicial, delito imprescriptible, se amplíe en la Fiscalía.

Esta es la segunda versión que rinde Meza desde que llegó a Ecuador, esto debido a que en febrero pasado la Corte Constitucional aceptó una acción extraordinaria de protección y ordenó a la Presidencia de la República que conforme una comisión para que en el plazo de tres meses entregue un informe pericial sobre los presuntos autores intelectuales de la muerte del general Gabela. La primera versión que dio el perito en esta última etapa fue el 6 de junio pasado.

Satlin Raza fue uno de los abogados que también asistió a la versión de Meza. Él dijo representar a una persona que fue llamada a rendir versión en este caso y por ello le interesaba conocer lo que tiene que decir el perito.

El abogado, quien esperaba que la Fiscalía le permita hacer las preguntas respectivas, explicó que hasta donde se entiende esta ampliación está dentro de las obligaciones que tiene el perito argentino, como parte de su contrato con el Estado, está el dar explicaciones a la familia, al país, Estyado ecuatoriano en general sobre cuál es el alcance de las conclusiones de su informe.

“Necesitamos saber cuáles son los fundamentos técnicos, las fuentes de las que se alimentó el perito Meza para llegar a las conclusiones a las que ha llegado y cuáles son los mecanismos desde el punto de vista de la ciencia crininalística, por que Roberto Meza es un criminalístico, que le permiten sustentar esas conclusiones. (...) Se está investigando el delito de ejecución extrajudicial y precisamente se trata de una información de una investigación previa de carácter reservado. Lo primero que nosotros pensamos es que la exposición pública que se ha hecho del contenido del informe vulnera y atenta contra la reserva de esa investigación y pone en peligro a la investigación misma”, refirió Raza, al tiempo que sostiene que la disposición que le dio al perito Meza y al Estado ecuatoriano la Corte Constitucional fue que se haga una entrega del informe, que se haga la entrega de un ejemplar del informe y no que se reconstruya, ni que se haga un informe nuevo, ni mucho menos que se haga una exposición pública de los aspectos puntuales y de las evidencias que el perito encontró para le informe elaborado.

Casi seis horas duró la ampliación de verisón en la Fiscalía. Al término de la misma, el abogado Román aseguró que el perito en su versión ha manifestado claramente que este es un delito de Estado. “Esto ha sumado muchísimo a la investigación. No es lo único que se tiene en la investigación, hay mucha información que se tiene pues la Fiscalía ha realizado una investigación durante años. Lo importante en este momento es unir todo y entrar en una formulación de cargos”.

Román adelantó que ha solicitado un control estatal para evitar que fugen del país los generales Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez, así como otros oficiales de la FAE y personas que aprecen en el informe del perito. Para él esto es muy importante porque deben seguir avanzando las investigaciones con la toma de versión de todas las personas señaladas en el tercer informe construído por el equipo de Meza.

Varios abogados que asistieron a la ampliación de versión criticaron que el perito haya evitado responder ciertas consultas. (I)