Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó este miércoles, 22 de junio, una denuncia por rebelión y terrorismo, en relación con los distintos hechos ocurridos durante el paro nacional.
El oficio, de cuatro páginas, fue dirigido a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
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Hoy se cumple el décimo día de protestas encabezado por la Conaie.
En el documento, el legislador no menciona a ninguna persona, pero resaltó que las víctimas son los ciudadanos de las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi y Latacunga.
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“El daño ocasionado por el presunto delito es incuantificable”, dijo.
Esta denuncia la dio a conocer Villavicencio en su cuenta de Twitter, donde además adjuntó el oficio.
“Está en manos de la Fiscalía la denuncia penal por rebelión y terrorismo generados durante el paro. Se debe investigar a personas vinculadas a estructuras criminales, asambleístas, actores sociales y políticos que financiaron el paro y organizaron el fallido golpe”, señaló.
El asambleísta recordó que, en el marco de las protestas, se ha identificado a personas que realizan actos vandálicos y han utilizado armas como bombas molotov.
En el documento se especifican varios hechos que argumentan su denuncia. Estos son:
- El ataque a la tubería de agua potable de Pinsaquí-San Antonio, en la zona quebrada El Artesón, que provocó desabastecimiento del servicio en varias zonas aledañas a la parroquia San Antonio.
- Un intento de corte de luz en Antonio Ante, provincia de Imbabura, horas antes de que se declarara el estado de excepción. Manifestantes habrían intentado cortar el suministro de energía.
- La quema de un patrullero de la Policía Nacional en los exteriores de la Unidad de Flagrancia, en Quito. Sobre este caso, la Fiscalía dictó prisión preventiva a dos personas y medidas cautelares para otras dos, mientras se investiga el hecho.
“Solicito que su autoridad, en el marco de sus competencias, determine quiénes son los que financian los actos vandálicos de las protestas de junio de 2022 e instigan al cometimiento de actos delictivos que se alejan totalmente de una protesta social legítima; los cuales constituyen actos vandálicos y de destrucción, que han propiciado la paralización de servicios públicos, afectando derechos fundamentales como la vida y la salud”, expresó Villavicencio. (I)