El presidente Guillermo Lasso hizo, por segunda ocasión, un llamado al presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela. Esta vez para solicitarle firmeza en cuanto a la supuesta corrupción que aqueja a la Función Judicial y que lleva a que jueces y demás funcionarios sufran amenazas o acepten sobornos.

“Muchos jueces a veces actúan por temor, por miedo, por cobardía o por interés económico y ese es uno de los problemas más graves que tiene el país, la justicia. Demando que el doctor Iván Saquicela se ponga firme, porque él es el responsable de la Función Judicial y debe solucionar los problemas que le corresponden, así como yo estoy solucionando los que le corresponden al Ejecutivo”, apuntó Lasso durante el programa Encontrémonos con la ciudadanía de este martes 17 de mayo.

No obstante, este martes, tan solo horas después de que Lasso se pronunciara, Saquicela aclaró a la prensa que si la CNJ no tiene voz y voto en el Consejo de la Judicatura (CJ) –instancia que tiene las atribuciones del gobierno de la Función Judicial–, si no tiene la presidencia de la Judicatura –como lo define la Constitución–, no son ellos “los responsables de lo que pasa en la Función Judicial”.

La conferencia de prensa convocada por Saquicela tenía como objetivo informar del retiro de la terna que desde la CNJ se envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para que se designe de entre los postulados a su representante dentro del CJ y además a quien sería el remplazo definitivo de Fausto Murillo en la presidencia de la Judicatura. Casi tres meses han pasado y esa definición no se ha dado desde el CPCCS.

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“Si no tenemos un representante en el CJ no podemos dictar política judicial para que precisamente pueda buscarse la celeridad, la transparencia y la eficiencia de la Función Judicial. (...) No se nombran jueces, fiscales y defensores, no hay infraestructura, hay una grave crisis de la Función Judicial. Le asistimos la razón a los ciudadanos y al propio presidente de la República cuando le preocupa la Función Judicial, pero decimos que nosotros no somos los responsables, es responsabilidad del CJ que hoy está presidido, como nunca antes en la historia del Ecuador, sin un delegado de la CNJ siquiera, ni suplente y menos el titular”, explicó.

Saquicela subrayó que cada juez del Ecuador es responsable de sus decisiones y que ni él, ni ninguno de los jueces del pleno de la CNJ son responsables de lo que hace cada juez. Pese a ello, recordó que cuando existe una resolución en la que un ciudadano está inconforme, puede presentar apelación o casación y si es que existe alguna arbitrariedad es el CJ el organismo que tiene la atribución para sancionar.

El presidente Guillermo Lasso en su enlace radial 'Encontrémonos con la ciudadanía' conversó con el periodista Jean Cano. Foto: Bolivar Parra-Presidencia Ecuador

El que el CJ no esté debidamente conformado porque no tiene cinco miembros, sino solo cuatro, según Saquicela, afectará el trabajo de la Judicatura, ya que se tienen que adoptar políticas judiciales urgentes, importantes y relevantes para la Función Judicial del Ecuador en beneficio de los ciudadanos.

Un primer llamado de Lasso a Saquicela ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando le pidió “que las solicitudes de extradición salgan a tiempo”. Este pedido coincidía con el anuncio del envío de la solicitud de extradición a Bélgica del expresidente Rafael Correa, condenado por corrupción.

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“Ojalá Iván Saquicela comprenda que es una crítica por el bien de los ecuatorianos”, dijo en ese momento Lasso y le encomendó a Murillo y a Saquicela, que impulsen políticas para una justicia que castigue a los corruptos.

Para el jurista José De la Gasca, este tipo de llamados de Lasso no deben ser considerados algún tipo de injerencia en la justicia, porque no le está diciendo cómo hacer su trabajo, y resalta que es importante el que las funciones del Estado mantengan comunicación.

De la Gasca subraya que no se le puede exigir solo a Saquicela responder por el sistema disciplinario de la Función Judicial ya que es una responsabilidad compartida con el CJ.

“Lo que le compete al presidente de la CNJ es que desde la Corte se emitan las decisiones claras, firmes para la aplicación ya concreta de casos de facultades correctivas y demás”.

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El abogado César García, director del Colegio de Abogados del Guayas, concuerda en que no existe ningún tipo de injerencia ni el segundo llamado ni en el primero, aún más cuando se trataba de un pedido de extradición a base de una sentencia en firme como la del caso Sobornos, y manifiesta que lo que Lasso está haciendo es dejando en claro qué le corresponde a cada función.

Iván Saquicela, presidente de la CNJ, durante una conferencia de prensa. Foto: Alfredo Cárdenas

“Al final del día es una forma de decir que para que el Estado pueda salir adelante tienen que las máximas autoridades dar su máximo esfuerzo en las áreas que les han sido encomendadas. Hasta un ciudadano puede venir y llamar la atención a cualquier autoridad pública”, opina.

García subraya que hay que tener claro la parte administrativa y el determinar una sanción cuando se presente algún problema de corrupción le corresponde al CJ y que este tipo de situaciones no son nuevas ni originadas tras la llegada de Saquicela.

Sin embargo, para Mauro Terán, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), estos pedidos del presidente no deberían realizarse y en caso de ocurrir deberían estar dirigidos a Murillo.

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“Es al Consejo de la Judicatura, aunque él no debe llamar la atención porque es también un poder del Estado y debe respetar a la Función Judicial, no debería hacerlo... Saquicela no tiene la culpa, pudo ser válido lo del pedido de extradición de Correa, pero lo segundo no”, apunta.

Además dice que el problema radica en que la cabeza del Poder Judicial sea, desde el 2008, el CJ, lo que considera algo absurdo y que hizo que la CNJ no posea facultades reales, porque incluso las disciplinarias recaen en el CJ.

Terán reconoce los esfuerzos de la actual administración de la CNJ y destaca que han intentado poner en orden varios aspectos, pero considera que para poder ver cambios reales dentro del sistema lo más idóneo sería que vuelva a estar en vigencia la Constitución de 1998, lo que debería hacerse vía consulta popular y luego modernizarla un poco.

En tanto, ante los problemas que enfrenta la Función Judicial, De la Gasca opina que es un tema complejo y que no se logrará con una sola acción en específico.

“No creo que hay una sola acción que pueda servir para combatir la corrupción y prevenirla en el sistema judicial, para combatirla es necesario que los casos que se denuncien lleguen a resultados, judicializados o no... debe de activarse una investigación en Fiscalía”, menciona.

Refiere que es imperativo contar con un sistema que suponga que la elección de los vocales del CJ se haga por un concurso de méritos y oposición para evitar la politización de la cabeza del CJ y a su vez con un código de ética del funcionario judicial, forjado por todos los involucrados para garantizar un buen comportamiento. (I)