Este miércoles, 27 de agosto de 2025, será la audiencia pública de inconstitucionalidad por más de una docena de demandas que se presentaron ante la Corte Constitucional (CC) en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública, y organizaciones sociales anunciaron un plantón en los exteriores del organismo, en Quito.
La diligencia está prevista para las 10:00, de manera virtual, y está a cargo del juez constitucional José Luis Terán.
Mientras que para las 09:30, organizaciones sindicales de trabajadores, personal de la salud, mujeres, docentes y más, convocaron a una manifestación en los bajos de la Corte Constitucional, ubicada entre las calles José Tamayo y Lizardo García, en el norte de la capital.
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Entre los gremios que anunciaron el plantón están el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), la Federación Médica Ecuatoriana, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, y más, reunidos en el autodenominado Frente en Defensa de la Salud, Educación Pública, Trabajo Digno, Seguridad Social, Derechos Humanos y de la Naturaleza. A esta medida de hecho también se suman la organización Mujeres por el Cambio, la Fundación Mujer y Mujer, la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador, la Unión de Artistas Populares del Ecuador, y más.
Las organizaciones exigen a los magistrados de la Corte Constitucional que declaren la inconstitucionalidad de la normativa que fue aprobada en la Asamblea Nacional el 24 de junio, con 84 votos, y publicada en el Registro Oficial el 26 de junio.
La Ley de Integridad es la normativa, enviada por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional, que más demandas de inconstitucionalidad ha recibido desde que asumió el Gobierno de transición, en noviembre de 2023.
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Hasta este 26 de agosto, a la CC ingresaron 32 acciones públicas de inconstitucionalidad, de las cuales 27 fueron admitidas a trámite y acumuladas a una misma causa, cuatro fueron inadmitidas y una se encuentra pendiente de admisión.
En tanto que el pasado 4 de agosto, el organismo de control constitucional dispuso la suspensión provisional de la disposición transitoria decimoprimera de la Ley Orgánica de Integridad Pública, relacionada con la obligación de que las cooperativas de ahorro y crédito se conviertan en sociedades anónimas del sector financiero privado.
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