La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) informó que la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM) denunció a varios dirigentes indígenas y defensores del agua, luego de una minga que realizaron en los páramos de Quimsacocha.

A través de un comunicado, emitido en sus redes sociales, la FOA repasó que estas denuncias en la Fiscalía General del Estado se presentaron luego de que en septiembre de este 2025, comunidades y organizaciones recolectaron mangueras, fierros, plásticos, geomembranas, sanitarios y otros desechos en las nacientes de los ríos Irquis y Tarqui.

“Estos residuos fueron entregados en la Gobernación del Azuay como evidencia del impacto ambiental generado por las actividades de exploración minera. Pese a ello, en lugar de investigarse la contaminación advertida, la empresa ha impulsado una acción penal contra los dirigentes comunitarios”, dicta el pronunciamiento.

Publicidad

Según la federación, la Fiscalía de Cuenca abrió una investigación previa en contra de seis dirigentes y defensores de la naturaleza, por el presunto delito de daño a bien ajeno y asociación ilícita.

Como parte de este proceso, precisa la FOA, la Fiscalía llamó a comparecer a Lauro Sigcha, presidente de esta organización, a Lizardo Zhagüi, presidente de la Junta de Agua Victoria del Portete-Tarqui, para este miércoles 26 de noviembre de 2025.

En tanto que se espera la convocatoria de Yaku Pérez, Carmen Pérez, Ruth Pugo y Marco Tapia, dirigentes de Unagua, de la comunidad de Escaleras.

Publicidad

“La FOA considera este proceso un acto de intimidación que busca frenar la defensa territorial no solo por haber expuesto la contaminación minera, sino también por las acciones legales y comunitarias que han impedido el avance de la megaminería en la zona”, enfatiza el comunicado.

La alerta de la federación sobre esta denuncia de Dundee Precious Metals se genera en el marco del conflicto minero por el proyecto Loma Larga en los páramos de Quimsacocha, cuya licencia ambiental fue revocada por el Ministerio del Ambiente y Energía a inicios de octubre de este año.

Publicidad

El Gobierno adoptó esta decisión con base en “informes técnicos presentados por la Municipalidad de Cuenca y la Prefectura de Azuay, instituciones competentes en la provisión del servicio de agua potable y en el mantenimiento de los sistemas de riego, respectivamente”.

Tras la revocatoria de la licencia ambiental, la minera canadiense aseguró que valorará otras opciones para preservar el valor y mantener la opcionalidad para sus accionistas. (I)