La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos piden a la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral limitar expresamente el uso progresivo de la fuerza para las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la ley que se está construyendo al respecto.

Aunque el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aún no califica el proyecto entregado por el Ejecutivo el pasado 25 de enero y la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional continuará recibiendo comisiones generales sobre este tema hasta este viernes 11 de febrero, el presidente de la mesa, Ramiro Narváez (ID), señaló que este mismo mes tienen previsto entregar el informe para primer debate del proyecto de ley de uso progresivo de la fuerza, que surge de la unificación de proyectos presentados anteriormente sobre esta materia, para el debate posterior en el pleno del Legislativo.

Sylvia Bonilla, de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, expresa que la norma debe diferenciar el rol de las FF. AA. y el de la Policía; que se necesita limitar y restringir a las FF. AA. el uso progresivo de la fuerza en casos generales, bajo los criterios que recoge la Corte Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad contra el reglamento del uso progresivo de la fuerza militar, con base en los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Bonilla señala que la Comisión tiene que limitar el uso de la fuerza de las FF. AA. en labores humanitarias, control de armas, comicios y control de sectores estratégicos, como petróleo y minas, porque también podrían usarla en contra de comunidades que se oponen a proyectos extractivos. “Limitarlo, única y exclusivamente, para estados de excepción y en complementariedad de la Policía, dentro de estados de excepción”.

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Finalmente, Bonilla señaló que el principio de “humanidad” para el uso progresivo de la fuerza tiene el objetivo de limitar el principio de necesidad, pues se tienen que prohibir expresamente las medidas de violencia que no son necesarias: no se puede hacer uso de armas de dotación policial cuando no hay amenaza inminente de muerte y no se puede dar el mismo tratamiento a la población civil en protestas que a la población que se dedica a delinquir.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, expresó que la inseguridad no se soluciona con la expedición de una ley; tiene que ver con aspectos estructurales de la sociedad y no solo con salidas que responden a enfoques “seguritistas” y no integrales.

Navarrete sostiene que esto es parte de una política geoestratégica, vigente hace mucho tiempo, con injerencia de Estados Unidos, especialmente en la lucha contra las drogas, y citó el caso del Plan Colombia y cómo, dijo, en lugar de sumar seguridad, agudizó la violencia y el conflicto.

El activista también se opuso a la creación de un cuerpo de abogados para la defensa de los uniformados. Dijo que para eso existe la Defensoría Pública y que no condice con el principio de igualdad respecto al resto de la ciudadanía.

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La asambleísta Geraldine Weber (PSC) dijo que se necesita mano dura contra la delincuencia, que Ecuador no es Miami, que no hay que seguir defendiendo a los delincuentes; preguntó cuántas comparecencias de organismos de derechos humanos han tenido, y que “ya hemos tenido suficiente”, y que hay que empezar a tratar la ley ya, porque tanta teoría y filosofía no funciona, pues la delincuencia actúa a diario.

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La secretaría de la Comisión informó que este lunes 7 de febrero fue la primera comparecencia de organismos de derechos humanos y que van 28 comparecencias entre organizaciones, académicos y expertos, incluyendo a Policía, FF. AA.

Narváez manifestó que hay que garantizar la labor de uniformados y, al mismo tiempo, garantizar el respeto a los derechos humanos de la ciudadanía; y que es necesario cumplir con el trámite legislativo correspondiente para la construcción de esta ley.

Patricia Núñez (UNES) dijo que no se puede construir una ley con base en la coyuntura y que los abusos de la fuerza pública no son nuevos: citó el caso de la desaparición de los hermanos Restrepo, en el gobierno de León Febres Cordero. (I)