En el seno del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la misión electoral que observó las últimas elecciones generales del 2021 presentó un informe final en el que se hacen decenas de recomendaciones a la Función Electoral para su aplicación en los próximos procesos electorales.

La jefa de la misión, Isabel de Saint Malo, expuso este 2 de febrero varias de las observaciones realizadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), encargados de la organización de los comicios.

El informe, de más de 160 páginas, recoge una observación al reglamento para la conformación de las juntas receptoras del voto: que el Consejo incorpore una prohibición para que quienes sean dirigentes o tengan cargos directivos en las organizaciones políticas no sean elegibles para ser parte de una junta ni coordinador de mesa.

Además, que se analice incluir medidas que faciliten la inclusión y participación de las personas con discapacidad que estén aptas y deseen participar en las etapas del ciclo electoral. Esto porque, a criterio de la misión, se “excluye de manera automática” a las personas con discapacidades.

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También se plantea incorporar en las bases de datos de candidatos inscritos un “campo” para que los partidos y movimientos políticos puedan cargar el logotipo de sus candidaturas, y que sea esa una sola fuente de información que alimente el contenido por utilizarse en las papeletas electorales.

La misión hizo esta observación luego de que, en medio de la impresión de las papeletas presidenciales del 2021, se detectó un error en el logotipo del movimiento político AMIGO.

El proceso de impresión avanzaba en un 47 %, pero al determinarse este error, el CNE debió desechar esos documentos y disponer nuevamente la impresión.

En esa línea, también se propone que las organizaciones políticas revisen las papeletas antes de que sean enviadas a la impresión; que se precise quiénes son los responsables de la validación de documentos sensibles y generar procesos que permitan rastrear las autorizaciones en cada etapa; y generar protocolos para la separación de documentos y materiales con errores para garantizar su resguardo y debida destrucción.

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Para la misión, el CNE debería realizar un análisis sobre el voto nulo, pues podría arrojar “hallazgos útiles” que permitan implementar mejoras en el diseño de las papeletas de votación para reducir nulidades por error.

Según las estadísticas de los resultados de los comicios generales del 2021, el voto nulo en cuanto a la elección de presidente y vicepresidente de la República alcanzó un 9,55 %, un 14,1 % para asambleístas nacionales y un 16,38 % para el Parlamento Andino. Pero el voto nulo se incrementó en un 16,2 % en la segunda vuelta, lo que, de acuerdo con la misión, se debería a la campaña que impulsó el excandidato presidencial Yaku Pérez Guartambel.

Para el organismo regional es importante que el CNE y el TCE sean quienes asuman las competencias vinculadas con la inscripción y cancelación de organizaciones políticas, registro de candidaturas, impugnaciones, financiamiento, y de esta forma que otras instituciones del Estado “eviten asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de los organismos electorales y generar posibles interferencias”.

Respecto de la reforma electoral vigente desde el 2020 que sanciona la violencia política, la misión electoral sugiere que se elabore un protocolo que unifique criterios, conceptos y procedimientos para el tratamiento de estas denuncias.

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Además, que se realicen campañas de comunicación para dar a conocer cómo interponer recursos por violencia política de género, así como medidas de protección para los denunciantes.

Esto a propósito de que los observadores electorales constataron que cuatro casos relacionados con violencia política llegaron al TCE para su tratamiento, pero fueron rechazados y no generaron sanción alguna. (I)