La Fiscalía General del Estado allanó en la Asamblea Nacional la oficina que está dispuesta para la asambleísta y segunda vicepresidenta de esa función, Bella Jiménez, en lo que sería la investigación previa por el presunto delito de concusión.

La Fiscalía informó que la madrugada de este 3 de septiembre se realizaron ocho allanamientos en Quito y Guayaquil, como parte de una investigación previa relacionada con la legisladora por Guayas Bella Jiménez, exafiliada a la Izquierda Democrática (ID).

El coordinador general jurídico del Parlamento, Santiago Salazar, confirmó en declaraciones a los periodistas, que se enteraron esta mañana de este acto judicial, y que por “disposición judicial se ha procedido al allanamiento de las oficinas de la segunda vicepresidenta”. Informó que se dieron todas las facilidades para que el personal de la Fiscalía ejecute el procedimiento.

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Fue el legislador independiente Fernando Villavicencio quien ingresó una denuncia el pasado 23 de agosto en contra de Jiménez, después de las revelaciones que se hicieron en los medios de comunicación digitales Periodismo de Investigación y La Historia EC sobre una supuesta gestión de cargos públicos.

En ellos se muestran supuestos depósitos bancarios, audios, chats y mensajes en WhatsApp en los que, presuntamente, Jiménez gestiona cargos públicos.

Jiménez está siendo investigada por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional bajo la sospecha de que habría incurrido en dos prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relativas a gestionar cargos públicos, contemplado en el numeral 3 del artículo 163 de la norma.

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Exasesora de la asambleísta Bella Jiménez le pide que aclare que ‘no abusó de su confianza’

Y el numeral 4, sobre “percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo”.

En un comunicado publicado en sus redes sociales el 22 de agosto, la legisladora acusó a su equipo asesor de su situación. “He sido afectada por el abuso de confianza de mis asesores, quienes tomándose mi nombre han mal utilizado mis equipos de comunicación personal, teniendo claros propósitos de aprovecharse de sus cargos para beneficios personales”.

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Agregó que todo se debía a una “deslealtad de infiltrados” en su equipo, antes de presentar un exhorto al presidente de la República para “detener el incremento despiadado del precio de los combustibles”.

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Así también, en Twitter, responsabilizó a su exasistente Scarlett Lindao de haber aprovechado el cargo para “beneficio propio y de su marido, Enrique Luces (proveedor en el sistema de salud y el IESS)”.

“Por eso requería la desvinculación de la Asamblea Nacional, porque ella era la persona encargada de manejar mis cuentas en redes sociales y mi celular personal. Sobre el cheque de $ 2.500 referido por mi exasesora Lindao, no existe ningún delito y mi aludido hermano dará a conocer lo que corresponda. Soy víctima de los más despiadados y crueles ataques para cooptar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional”, añadió en su cuenta de red social.

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Según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los servidores públicos que “actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, la o el servidor público será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años”. (I)

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