Un término de 48 horas ha dado el nuevo Tribunal de Juzgamiento del denominado caso Singue para que la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría del Estado se pronuncien respecto de los pedidos de aclaración y ampliación presentados por los siete sentenciados en primera instancia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por el delito de peculado.

El lunes 25 de enero último, con un voto de mayoría, los entonces conjueces de la CNJ José Layedra y Xavier de la Cadena sentenciaron de forma oral, en calidad de coautores, a ocho años de cárcel al exvicepresidente Jorge Glas, a los exministro y exviceministro de Hidrocarburos Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente, y César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue.

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Mientras que para los funcionarios públicos de rango medio Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos, como cómplices, la decisión de mayoría en el Tribunal fue una pena de cuatro años de prisión.

El juez temporal Iván León fue quien emitió un voto salvado dentro del Tribunal de Juzgamiento de la CNJ, señalando que para él no se ha comprobado en el proceso la existencia del delito de peculado y por ello resolvió ratificar el estado de inocencia de los quince procesados. La notificación con las sentencias condenatorias y ratificatorias de inocencia por escrito se hizo el martes 26 de enero pasado. Con la renovación parcial de la CNJ, desde el 3 de febrero pasado, ese organismo cuenta con nuevos jueces titulares en las cinco salas especializadas, entre ellas, la Sala de lo Penal y Afines.

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Ante ello, los reemplazos de León como presidente del Tribunal y del conjuez Layedra, quienes dejaron el cargo, son los jueces titulares Walter Macías (ponente) y Byron Guillén. El conjuez De la Cadena continuará siendo parte del Tribunal, el cual el 7 de abril último hizo el traslado de los recursos de aclaración y ampliación presentados y dio 48 horas para que se pronuncien las sujetos procesales.

El exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli ha recibido hasta el momento seis sentencias por delitos relacionados con actos de corrupción ocurridos en el sector petrolero ecuatoriano.

“Vencido este término, con contestación o sin ellos, vuelven los autos para resolver”, señala la providencia emitida en este caso, es decir, una vez que se completen las 48 horas de término, con las respuestas entregadas o sin ellas, el Tribunal procederá a resolver, aceptando o negando, cada uno de los pedidos de ampliación y aclaración planteados.

Además de la pena de cárcel, de ofrecer disculpas públicas y publicar la sentencia en tres diarios de circulación nacional, los siete encontrados culpables en esta causa, de forma proporcional según su nivel de participación, deberán pagar $ 5 millones como reparación económica al Estado, pues sería el total del perjuicio causado a este a través del delito de peculado.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, fue quien realizó la acusación por la que los jueces determinaron que el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo Singue al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y la firma Gente Oil Development LLC (DGC), en la que además se cometieron irregularidades, incumpliendo requisitos legales.

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Según la Fiscalía, el perjuicio al Estado se produjo al fijar un precio de $ 33,5 por barril, valor que habría sido menor al de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero. El Tribunal resaltó que los sentenciados contaban con información privilegiada.

A ocho personas más que también fueron investigadas por peculado en esta causa el Tribunal las declaró inocentes, entre ellas, Silvana Pástor, hija del exministro de Hidrocarburos declarado culpable. Pese a la declaratoria de inocencia de Silvana Pástor, el Tribunal explicó que durante la audiencia de juicio aparecieron datos relevantes referidos a Wilson Pástor con relación a una contratación laboral de su hija Silvana, datos que harían presumir el cometimiento de otros delitos como concusión, tráfico de influencias, etc. Ante ello dispuso se remitan las piezas procesales pertinentes a Fiscalía para que realice la investigación correspondiente.

Las defensas de Pástor y Pareja Yannuzzelli solo plantearon el recurso de aclaración; mientras que los abogados de Donoso, Guerra, Cazar, Burgos y Glas solicitaron la ampliación y a aclaración de la sentencia. Marco Proaño Durán, en representación del procurador general del Estado, Íñigo Salvador, solicitó ampliación y aclaración a la sentencia emitida por el Tribunal.

Una vez que sean contestados los recursos de ampliación y aclaración, el caso pasará a la etapa de apelación de la sentencia en la que se deberá conformar un nuevo Tribunal en la CNJ que analice los recursos que ya se ha anunciado que se presentarán. (I)