Con el Decreto Ejecutivo 511, firmado por el presidente Daniel Noboa el pasado 22 de enero, el gobierno derogó los decretos ejecutivos 264, 265, 355, 816 y 949, firmados durante el mandato del expresidente Guillermo Lasso.
Estos decretos concedieron indultos presidenciales a favor de las personas privadas de libertad que cumplían con determinadas condiciones, en virtud de una sentencia ejecutoriada.
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De acuerdo con José De La Gasca, ministro de Gobierno de Noboa, el Decreto 265 firmado por Lasso es “inconstitucional” e “ilegal”, y señaló que mediante esta figura legal se soltó a Bryan Vicente A. A., alias Momo.
Bryan Vicente A. A. logró salir libre tras interponer una solicitud amparada en el Decreto Ejecutivo 265, que otorgaba indultos presidenciales a reos con enfermedades catastróficas o terminales y a aquellos que padezcan tuberculosis multidrogorresistente y coinfección TB-VIH.
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El recluso adujo que era portador del VIH. Él había sido condenado a cinco años de prisión por delincuencia organizada.
Sin embargo, las condiciones para indultos no aplicaban para este tipo de delitos. El artículo 3 del decreto excluía de este beneficio a reos vinculados a delitos imprescriptibles, como genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada, delincuencia organizada y otros.
No obstante, su petición de indulto prosperó y logró obtener su libertad.
“No voy a decir casos puntuales, pero sí hemos visto que han salido sapos y culebras”, indicó De La Gasca en una entrevista con radio Centro. “Para lo que ha servido, esta ilegalidad creada como decreto ejecutivo, es que se degeneró y así ha servido para burlar a la justicia”.
El ministro consideró que se debe analizar caso por caso, “pero no se trata de afectar situaciones jurídicamente válidas que debieron haber hecho bien”. (I)