El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, enfrenta una denuncia penal por instigación pública y asociación ilícita, presentada este lunes, 6 de octubre, ante la Fiscalía General del Estado.
La denuncia la formuló el exlegislador Ramiro Rivera, de la extinta Democracia Popular, quien relata que el discurso del dirigente Marlon Vargas de tomarse Quito, en el marco del paro nacional convocado por la Conaie, configura una incitación abierta a la comisión de actos de fuerza, dirigidos contra la capital de la República y las instituciones del Estado.
Por lo tanto, en la denuncia se señala que el discurso del máximo dirigente de la Conaie se adecúa típicamente a la figura penal de instigación pública, dado que promueve la comisión de hechos violentos sin que el autor directo participe materialmente en ellos.
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El escrito presentado detalla que existen fundamentos para presumir la conformación de una asociación ilícita orientada a la comisión de delitos contra el orden público, a partir de la concertación entre dirigentes y bases para la realización de hechos violentos y sistemáticos en los puntos de conflicto, y donde se pretende ampliar el conflicto con el uso de pirotecnia explosiva y ataques violentos a personas naturales y representantes de las entidades de seguridad pública que han sido igualmente atacados, causando destrozos en vehículos y bienes públicos.
Rivera comenta que es evidente que existe la adecuación del delito de terrorismo.
El exlegislador pidió a la Fiscalía del Estado que admita a trámite la denuncia, que disponga que a través de la (Unidad de Análisis Financiero y Económico) se realice la verificación de las cuentas de personas que han participado en las marchas violentas y el bloqueo de las vías del país para que se pueda ejecutar una verificación del financiamiento, planificación y coordinación de las movilizaciones, lo cual permitirá la estructura de apoyo económico y la posible existencia de terceros financiadores o cooperantes.
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Además de disponer la realización de pericias digitales forenses sobre las redes sociales del denunciado y de la organización.
Rivera solicitó aplicar actos urgentes como allanamientos de oficinas y de centros comunitarios donde se planifican las movilizaciones, retención de equipos informáticos, entre otros. (I)