Las demandas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Integridad Pública siguen llegando a la Corte Constitucional. En un solo día, docentes, médicos y jueces acudieron al organismo, en Quito, para pedir la derogatoria de la normativa.
La mañana de este miércoles, 16 de julio de 2025, la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Central del Ecuador (Fapuc) ingresó una acción pública de inconstitucionalidad por la forma y el fondo de la ley.
La organización de docentes demandó los numerales 3, 4, 8, 13 y 24 del artículo 6, relacionados con las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público, sobre la estabilidad laboral y más.
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Por su parte, la Federación Médica Ecuatoriana, la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador y más gremios de profesionales de la salud se movilizaron desde el parque El Arbolito hacia la Corte para presentar una demanda de inconstitucionalidad.
Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica, informó que la acción es en contra de toda la Ley de Solidaridad Nacional.
Reclamó la falta de diálogo y consenso desde el Ejecutivo y sostuvo que las reformas a la Ley de Servicio Público, a la Ley de la Seguridad Social, respecto de la estabilidad laboral, la compra de medicinas y más modificaciones afectan al personal sanitario.
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Minutos después de la demanda de los médicos y enfermeras, los representantes de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces llegaron a la Corte Constitucional para entregar una nueva demanda.
Luis Ávila y Karina Rodas explicaron que la acción de inconstitucionalidad es por la forma, en cuanto a la falta de unidad de materia y al carácter de económico urgente con el que fue enviada la normativa a la Asamblea Nacional; mientras que por el fondo, reclaman disposiciones como las reformas al Código de la Función Judicial, que vulnerarían derechos de los jueces.
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La Ley de Integridad Pública se aprobó en la Asamblea Nacional, el 24 de junio, con 84 votos. El 26 de junio, el presidente Daniel Noboa envió la norma al Registro Oficial.
Desde entonces y hasta el 16 de julio, en contra de esta ley se han presentado 16 demandas de inconstitucionalidad desde diferentes gremios profesionales y movimientos sociales y sindicales.
El objetivo de la Ley de Integridad Pública es fortalecer el Sistema de Contratación Pública, pero también modifica al menos una veintena de normativas, como el Código de la Niñez y Adolescencia; el Código Orgánico Integral Penal; el Código de la Función Judicial; la Ley de Transporte Terrestre y Tránsito; el Código Orgánico Monetario y Financiero; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional; la Ley de Movilidad Humana, y más. (I)
