En manos de un comisión de investigación constituida por un tribunal de justicia indígena de la comunidad de San Ignacio (Cotopaxi) están unos 5.000 documentos y chats extraídos de teléfonos celulares de los tres miembros de la Policía Nacional que están retenidos por pobladores, tras la denuncia del dirigente Leonidas Iza Salazar de que intentaron asesinarlo.
La tarde y noche del 19 de agosto de 2025 se instaló un tribunal de justicia indígena en la comunidad San Ignacio, de la parroquia Toacaso, de la provincia de Cotopaxi, para procesar a tres sospechosos de, aparentemente, haber intentado asesinar a Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y excandidato presidencial en las elecciones nacionales de 2025.
Publicidad
Este suceso se produjo la tarde del 18 de agosto en la vivienda de Iza en San Ignacio, cuando una camioneta con cuatro pasajeros lo grababan y, en un momento, habían intentado atropellarlo, según el relato de Iza.
La comunidad salió a apoyarlo y retuvieron a los involucrados, que son miembros de la Policía Nacional y que se encontraban haciendo actividades de inteligencia y contrainteligencia a Iza, como parte de una investigación previa, admitió la Fiscalía General del Estado.
Publicidad
Preliminarmente, trascendió que eran cuatro miembros de la Policía Nacional los retenidos. Sin embargo, dirigentes de la comunidad informaron que son tres y que permanecen retenidos y vigilados por los habitantes.
El tribunal de justicia sesionó en la parroquia de San Ignacio y, en sus primeras resoluciones, determinó la conformación de una comisión de investigación que será la encargada de analizar alrededor de 3.500 y 5.000 mensajes de texto y documentos de tres celulares que se habían incautado a los uniformados.
La audiencia indígena se realizó con discreción, y en una plataforma de red social se difundió un video con breves declaraciones de cuatro dirigentes que reprochaban las actividades de seguimiento a Iza.
Una alocución fue de Leonidas Iza, en la que señala que “hay dos investigaciones de los tres celulares, en donde se encontraron de 3.500 a 5.000 documentos”.
“Ayer se empezó a corroborar lo encontrado en los celulares con la versión de los policías, que luego de concluir la investigación deberán ser convocadas las autoridades (a esta audiencia)”, expresó Iza, que lamentó que el Estado los considere “enemigos”.
La mañana de este miércoles, el legislador de Pachakutik (PK) Álex Toapanta relató que entre lo hallado a los policías hay un documento con un sello de color morado con las siglas del movimiento del presidente de la República, Daniel Noboa, Acción Democrática Nacional (ADN).
También se encontró una copia de la Ley Orgánica de Inteligencia y mensajes en los teléfonos celulares de los policías que se referían a Leonidas Iza como “capibara” o “cuy” y proponían hacerle “cuy asado”.
Lo previsto es que los uniformados permanezcan retenidos en un inmueble de la comunidad y el fin de semana se realice una ceremonia de ‘purificación’.
Por ahora, ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional se pronunciaron sobre este hecho.
En horas de la noche del martes último, la Fiscalía General del Estado difundió un comunicado en el que reconoció que los uniformados se “encontraban colaborando con diligencias dentro de una investigación previa”.
Y, si bien reconocen y respetan las normas y tradiciones de las comunidades indígenas, se exhortó a “establecer mecanismos de diálogo entre la justicia indígena y la justicia ordinaria para garantizar la protección de los derechos humanos”.
La Constitución, en su artículo 171, reconoce la justicia indígena y expresa: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”. (I)