La investigación sobre los ‘narcogenerales’ aún no empieza en la Asamblea Nacional. Los integrantes de la subcomisión de seguridad integral recién este miércoles 17 esperan reunirse para determinar el cronograma de trabajo que incluirá algunas comparecencias y pedidos de información a las instituciones públicas.

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, hace tres semanas, designó a los legisladores Jorge Pinto (CREO), Patricia Núñez (UNES) y Rodrigo Fajardo (ID) como integrantes de la subcomisión de investigación, para que recaben la información entregada por los generales de la Policía Nacional a los órganos de control.

Según Pinto, en la investigación se pretende transparentar las declaraciones que se hicieron desde la Embajada norteamericana sobre el retiro de visas y lo señalado por la Contraloría General del Estado de que hay generales de la Policía que no pueden justificar su patrimonio.

El embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, el año pasado informó que su país retiró las visas a algunos ‘narcogenerales’, lo que ocasionó un remezón en la cúpula policial.

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Igualmente, el contralor del Estado subrogante, Carlos Riofrío, ordenó exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional, cuyo proceso concluyó en que tres de ellos no pudieron justificar los ingresos y gastos reportados.

Las acciones de control se realizaron del 1 de enero de 2017 al 15 de diciembre de 2021, y también estuvieron dirigidas a los cónyuges e hijos menores de edad de los servidores policiales.

Contraloría señala indicios de responsabilidad penal en declaraciones patrimoniales de tres generales de la Policía Nacional

El legislador Pinto sostiene que como país no se puede inmiscuir en las decisiones de Estados Unidos de retirar visas, pero que el trabajo de la subcomisión lo que pretende es aportar con más datos para que exista mayor transparencia en la investigación.

Además, aclara que el tener un patrimonio que no se pueda justificar no siempre puede ser por el narcotráfico y esa será la investigación que desarrollará la subcomisión, porque puede ser por otro tipo de actividades, a la final los oficiales de la Policía tendrán que defenderse y demostrar que no llenaron sus arcas con dinero ilícito.

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La investigación la iniciará la Asamblea Nacional con la información que posee la Fiscalía General del Estado, se llamará a comparecer a los involucrados y se redactará un informe que luego será expuesto en el pleno del Parlamento con las debidas recomendaciones a la justicia, como proceder a las incautaciones de bienes que no puedan justificar, así como la separación de los malos oficiales en caso de que estén en servicio activo, anunció Pinto.

Fajardo mencionó que en una anterior comparecencia personalmente pidió información a la fiscal general Diana Salazar sobre el caso de los ‘narcogenerales’, y que esa vez se informó que no había ninguna denuncia al respecto cuando pudo haberlo hecho de oficio la funcionaria.

La subcomisión, anuncia, dará seguimiento al caso de los ‘narcogenerales’ a raíz de la advertencia que emitió la Embajada de Estados Unidos y se emitirá un informe en el que se determinará si hay indicios de responsabilidad penal.

Lo que se volverá a revisar es toda la información recabada por los órganos de control y se llamará a comparecer nuevamente a los oficiales de la Policía Nacional y a las autoridades de la Policía Nacional y al ministro del Interior.

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La legisladora Núñez señala que si bien este miércoles se reunirá la subcomisión para elegir al coordinador, existe un trabajo adelantado en la Comisión hasta donde llegó información sobre el caso, además se requirieron informes de la Contraloría General sobre las declaraciones patrimoniales de los generales de la Policía.

Considera que la subcomisión revisará la información que llegó a la mesa y también ha realizado el seguimiento sobre el ascenso de generales de la Policía Nacional, para lo cual se espera volver a llamar al equipo técnico que llevó adelante el proceso. Que existen elementos nuevos como el informe de la Contraloría del Estado que serán revisados. (I)