La Defensoría del Pueblo determinó que hubo vulneración de derechos de los trabajadores de la fábrica Explocen C. A., por parte del Ministerio del Trabajo, que no logra desde el 2015 la suscripción del contrato colectivo lo que provocó una huelga y enfrentamientos con la policía y miembros de las Fuerzas Armadas.

Así lo afirmó el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, donde se procesa el juicio político en contra del ministro del Trabajo, Andrés Isch, acusado de incumplimiento de funciones por parte de las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga (RC).

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se excusó de comparecer dentro de la etapa de prueba por el caso Explocen, señalando que a la comisión ya informó sobre el tema de manera pormenorizada el 25 de febrero pasado, y que detalló la normativa legal mediante la cual, en calidad de ministro, dispuso al personal de las Fuerzas Armadas que custodien, vigilen y resguarden a la empresa, pero recalcando que se trata de tareas de resguardo y vigilancia, y no de militarización como erróneamente se ha calificado.

Juristas laborales responsabilizan al ministro del Trabajo de incumplimiento de funciones

Según Carrión, la Defensoría del Pueblo conoció del caso Explocen C. A. cuando el Comité de Empresa de Trabajadores denunció la actuación del Ministerio del Trabajo, del Ministerio del Interior y de la fábrica en el trámite de suscripción del contrato colectivo, el cual no ha sido resuelto por el Ministerio desde el 2015. Eso dio origen a la persecución a los dirigentes sindicales vulnerando desde su integridad personal, el derecho a la libertad sindical y la contratación colectiva, anotó.

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Cuestionó la presencia de militares en la fábrica, por lo que exhortó al Ministerio de Defensa disponga de manera inmediata la salida del personal militar de las instalaciones de la fábrica.

Sobre el Ministerio del Trabajo dijo que hay dificultades y obstáculos de acceso al expediente para el cumplimiento de sus funciones, se ha verificado la existencia de peticiones por parte de los trabajadores que no han sido atendidas en lo legal y de debida forma.

Que existe incapacidad del Ministerio de orientar las políticas públicas a favor del derecho al trabajo, así como la incapacidad en el control en materia laboral y la sanción para quien incumpla la normativa ante los atropellos que han sufrido los trabajadores.

Cifras de desempleo

El exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) Byron Villacís, quien también fue convocado a comparecer dentro del juicio político, afirmó que los resultados estadísticos que presenta el INEC, respecto de desempleo, se encuentran manipulados, pues afirmó que la real cifra debe estar entre el 15% y el 20% de desempleo en el país y no el 5% como lo señala el Gobierno.

La manipulación del reporte entregado el pasado 2 de marzo sobre la cifra de desempleo se debe a la manipulación del diseño muestral desde el 2018, afirmó Villacís, cuando el instituto fue adscrito a la Presidencia de la República, lo cual a criterio del exfuncionario empeoró las cosas.

Por lo tanto, dijo que se requiere de una auditoría para identificar responsabilidades administrativas y penales.

Ante los asambleístas afirmó que la recuperación del empleo en el país no es real y que existen elementos que dan cuenta de que tanto el desempleo como la pobreza y desigualdad son peores. (I)