La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó el juicio político en contra de la exministra de Energía Andrea Arrobo. Este proceso está planteado bajo la causal de “incumplimiento de funciones”. En la solicitud de juicio se describen presuntas “inacciones” de la exministra que habrían derivado en apagones de al menos ocho horas diarias durante casi un mes.
Las acusaciones en contra de Arrobo fueron sustentadas por los legisladores Jaime Moreno y Ana Galarza, de las filas del movimiento Construye, y Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC). En las solicitudes de juicio se señala que la exministra fue informada por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) de la situación crítica que vivía el sistema de provisión de energía eléctrica.
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Según el planteamiento del proceso político, el 20 de marzo del 2024, el Cenace le advirtió a Arrobo que el Sistema Nacional Interconectado estaba operando en los límites de “inestabilidad” y que, por ello, se encontraba “expuesto permanentemente a desconexiones”. “Y no tomó ninguna acción al respecto”, concluyó.
A esto se suma, a criterio de los denunciantes, “el mal manejo del complejo hidroeléctrico Paute, compuesto por Mazar, Amaluza y Sopladora”.
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Ahora, la exfuncionaria tiene quince días para presentar las pruebas de descargo de las acusaciones. Lo mismo ocurrirá con los asambleístas que impulsan el proceso. Ellos también podrán añadir más información. De hecho, se tiene previsto que en este juicio político se conozcan los informes de la crisis energética que realizó la Comisión de Fiscalización con datos de los ministros y exministros de Energía de los últimos años. (I)