En la continuación del juicio en el caso Las Torres, la Fiscalía General del Estado expuso la materialización de varias conversaciones telefónicas mantenidas por José Luis de la P. (un empresario ecuatoriano-estadounidense que se habría desempeñado como representante de la compañía NoLimit C. A.) con José Raúl de la Torre, sobrino del excontralor del Estado Pablo Celi.

Este lunes, 6 de junio, se reinstaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de juicio en el caso Las Torres, en la que es juzgado el excontralor Pablo Celi y otras nueve personas por el presunto delito de delincuencia organizada.

Audios revelarían modus operandi de procesados en el caso Las Torres, quienes habrían pedido $ 4 millones a directivos de Nolimit

Según la Fiscalía, durante la diligencia —de carácter reservado— se expusieron grabaciones de llamadas telefónicas realizadas entre mayo y junio del 2019 a José Luis de la P., en las que se evidenciarían exigencias y presiones para el pago de beneficios económicos a cambio de las planillas que la empresa pública Petroecuador adeudaba a la empresa NoLimit C. A.

Entre esas conversaciones se habla de la existencia de cuentas en Miami (Estados Unidos) en las que se hacían depósitos en la cuenta de uno de los procesados.

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En otra conversación, José Raúl de la Torre habría solicitado transferencias a una cuenta en Costa Rica que pertenecería a uno de los procesados; además, que estaba lista la cuenta de su tío, que sería la del excontralor del Estado Pablo Celi, para que también se le hagan transferencias.

Esta cuenta en Costa Rica habría pertenecido a Adolfo Agusto Briones, para la que José Raúl de la Torre habría solicitado la transferencia de “un millón” de dólares. “Por Dios, loco, de rodillas te pido: bótale doscientos mil; (…) con esa cuenta, bótale cien mil; bota algo. Por Dios, bótale algo”, le habría mencionado José de la Torre a José de la P.

“No. Te voy a botar, te voy a botar, te voy a botar lo que está planificado botar, pero hagámoslo bien. El miércoles resolvemos”, le habría respondido José de la P.

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La Fiscalía General asegura que, a través de las pruebas recabadas en la investigación, se buscará demostrar la existencia de un “grupo organizado” que operó a través de la Contraloría General del Estado, la secretaría de la Presidencia de la República y la empresa pública Petroecuador, entre 2017 y 2020, con el objeto de desvanecer glosas y obtener el 20 % de una factura de $ 20′345.609 que se debía pagar a la empresa NoLimit C. A. (I)