Ante los continuos ataques y amenazas en contra de unidades judiciales y funcionarios, que han puesto en riesgo a empleados y usuarios del sistema, varios gremios de jueces, magistrados y servidores judiciales interpusieron una medida cautelar en contra del ministro del Interior, Juan Zapata, y del comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, para que se refuerce la seguridad de las dependencias.
El recurso fue aceptado el martes 11 de julio por la jueza Carmen Romero, de la Unidad Judicial Civil con sede en la parroquia Iñaquito, en Quito.
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La jueza dispuso a Zapata y Salinas que de manera inmediata se proceda a designar personal policial para que se brinde seguridad reforzada en las unidades judiciales, Corte Nacional, cortes provinciales, fiscalías y Consejo de la Judicatura, tanto interna como externamente, a escala nacional.
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Según el dictamen, la medida cautelar tendrá vigencia hasta que existan y se socialicen los protocolos y lineamientos específicos y prioritarios en el marco de riesgos en instancias judiciales que se han venido analizando en las mesas de trabajo sobre “Seguridad y lucha contra el crimen”, convocadas por la Corte Nacional de Justicia, en la cual participan la Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura.
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Señala que los resultados de las mesas deben obtenerse en un plazo máximo de 20 días, dada la urgencia y necesidad de la protección a los funcionarios, empleados y usuarios del sistema judicial.
El ministro del Interior y el comandante de la Policía tienen 48 horas para informar sobre el cumplimiento de la medida cautelar.
Además, el Consejo de la Judicatura deberá brindar todas las facilidades al personal policial y que se coordinen acciones de protección y seguridad de los funcionarios y usuarios.
La demanda fue impulsada por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), la Federación de Asociaciones Judiciales del Ecuador (Fenaje), el Colectivo Jurídico Universitario y la Asociación Nacional de Fiscales del Ecuador (ANFE).
Los gremios expusieron que dependencias judiciales en varias provincias han sido atacadas con explosivos o han recibido amenazas de bomba. Que en junio de este año hubo un atentado contra la vida de una persona privada de libertad en el Complejo Judicial de Santo Domingo.
Además señalaron que durante los años 2022 y 2023 cuatro agentes fiscales fueron asesinados. Y se ha identificado que funcionarios de fiscalías han sido objeto de constantes intimidaciones y amenazas en el cumplimiento de sus labores diarias.
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“Al estar ante una evidente inseguridad dentro de las dependencias judiciales, el riesgo aumenta y genera un real peligro de su integridad y de su vida que podría aumentar de forma paulatina, de ahí la importancia de aceptar esta petición de medida cautelar autónoma”, se indica en la demanda.
Por otro lado, argumentaron que el Ministerio del Interior ha demorado en dar respuesta a solicitudes presentadas para dar mayor seguridad a las dependencias judiciales del Consejo de la Judicatura.
Para justificar el pedido de medidas cautelares, los gremios apuntaron que se han vulnerado sus derechos constitucionales a la integridad personal, a una vida digna, al acceso de justicia y al trabajo en condiciones dignas. (I)