En abril pasado se cumplieron cinco años del terremoto que en 2016 azotó las provincias de Manabí y Esmeraldas, pero también se cumplieron tres años de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) presentó una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen supuestas irregularidades en la contratación de obras que se dieron como parte de la reconstrucción.

La denuncia se basó en un informe parte del Caso Emblemático Reconstrucción de Manabí, que buscaba, entre otras cosas, según la resolución del CPCCS-T del 13 de marzo de 2019, que se dé inicio en Fiscalía a una investigación que determine el grado de participación y responsabilidad que podrían tener las instituciones que integraron el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí (CRM).

Fiscalía abre investigación previa en contra del exvicepresidente Jorge Glas por fondos para el terremoto

En junio del 2019 la Fiscalía anunciaba que se abría una investigación previa en contra de doce personas ante un posible delito de acción pública ocurrido en las obras y proyectos que se realizaron como parte del Plan de Reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto del 2016. El exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario técnico del CRM, Carlos Bernal, aparecían entre los investigados.

La fase de investigación previa se inició con base en un informe con indicios de responsabilidad penal remitido por Contraloría General (CGE), instancia a la que el transitorio también entregó su análisis.

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La CGE hizo un examen especial a los convenios interinstitucionales suscritos con varias entidades públicas, gastos generados en los procesos de contratación de servicios comunicacionales y publicidad y de las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución y fiscalización de varios proyectos realizados luego del terremoto.

Más de tres años después de la denuncia hecha por el Consejo de Participación Transitorio, liderado por el ya fallecido Julio César Trujillo, personas nombradas en ese informe, como Xavier Vélez, representante legal de la empresa Construhidrocab, no acaban de entender por qué esa instancia del Estado los involucró con irregularidades tan graves.

Para Vélez, el CPCCS-T, mediante lo que él califica un informe sin sustentos de fuentes formales y técnicas, lo que ha tratado es causar un daño político a Carlos Bernal, quien es su cuñado, y en medio de ello, asegura, su hermana, Denisse Vélez, pareja de Bernal, él y la empresa Construhidrocab, fundada en 2012, han resultado afectados en su imagen.

El informe del transitorio señalaba que supuestamente Bernal, siendo secretario técnico, habría contratado a esa constructora por $ 398 millones para la implementación de obras relacionadas con la reconstrucción. Dentro de la investigación de Fiscalía, esta pidió a la UAFE que emita informes de los movimientos económicos del periodo 2016-2021 de los hermanos Vélez.

Xavier Vélez cree que si el CPCCS-T solicitaba la información respectiva al Servicio de Contratación Pública (Sercop) habría comprobado que Construhidrocab no ha brindado servicios y no ha contratado nunca con el sector público. Así lo confirma un documento emitido por la Coordinación zonal 4 del Sercop, en marzo del 2019, el cual habría sido entregado al CPCCS-T antes de que presente la denuncia en abril del 2019 y que es parte de las más de 50.000 fojas con información de descargo que han entregado.

“Nosotros no somos contratistas, ni subcontratistas, somos proveedores de hormigón y materiales pétreos. Nosotros no hemos participado de ninguna forma en el proyecto Manta-Colisa”, apuntó Vélez.

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Fiscalía dentro de la investigación por un delito de acción pública solicitó al CPCCS actual que le remita copia certificada del memorando del 2019 que tiene como referencia el detalle de causas conocidas y tramitadas respecto a procesos de investigación durante el periodo transitorio de los casos emblemáticos de la reconstrucción de Manabí.

El representante de Construhidrocab cree que el Consejo de Participación lo único que podrá dar como fuente formal de su investigación es lo que él mismo les entregó luego que hicieron pública su denuncia, pues asegura que ni él ni su hermana ni su empresa fueron notificados de que estaban siendo investigados, negándoles así, afirma, el derecho a defenderse.

“No registran adjudicación en materia de reconstrucción”, “No ha adjudicado ni firmado”, “No ha suscrito contratos”, “No ha mantenido contratación”, “No ha adjudicado obras”, “No existen pagos”, “No registra obra alguna”, son las respuestas que ha recibido Vélez de instituciones como la Presidencia de la República, Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva, los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Transporte y Obras Públicas, Ecuador Estratégico, entre otros, al solicitar información sobre si la empresa Construhidrocab registra contratos con el Estado.

CPCCS transitorio revela presuntas irregularidades en contratos para reconstruir Manabí

Este tipo de datos son los que para Vélez hacen que, en cuanto a ellos, no se haya encontrado nada en una investigación que lleva más de dos años abierta.

“En Ecuador cómo es posible que hablen de $ 400 millones en contratos que yo haya manejado y no encuentren movimientos financieros que se relacionen a esos montos”, sostiene Vélez, quien cree que sería bueno que Byron Pacheco, procurador del CPCCS-T, quien no ha comparecido a ampliar su versión en este caso, presente las pruebas formales con las que “mediáticamente armaron un show nacional” para desacreditar el nombre de su familia, caso contrario cree que “utilizaron al quinto poder del Estado como un vil pasquín con un fin de persecución política”. (I)