Desde junio del 2021, la voluntad de una persona inclina la balanza entre dos minorías contrapuestas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Es el voto de la consejera Ibeth Estupiñán, que se ha convertido en la pieza clave para tomar las decisiones entre una minoría integrada por Sofía Almeida, David Rosero y Javier Dávalos, y la otra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.

Antes de ser consejera, era funcionaria del CPCCS y también colaboró en la administración del exalcalde de Quito Jorge Yunda.

Este miércoles, su posición volvió a trastornar al pleno, en medio de la posibilidad de reformar el reglamento para designar a la autoridad de la Contraloría General del Estado, en tanto el concurso avanza con la integración de la comisión ciudadana de selección.

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Consejo de Participación Ciudadana: Ibeth Estupiñán dice que no ha recibido presiones de nadie y que Sofía Almeida suspendió sesión de forma ilegal al no tener votos

La presidenta Sofía Almeida suspendió una sesión virtual, en el momento en que Estupiñán se pronunciaría sobre si aprobar una moción planteada por Ulloa para ese efecto.

Ulloa proponía conocer un documento elaborado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en el que se hacen observaciones al reglamento para elegir al contralor.

Bravo, Rivadeneira y Ulloa votaron a favor. Estupiñán no respondía al llamado del secretario Carlos Chiriboga.

Rosero votó en contra por “falta de claridad”; Dávalos reprochó que ese era el mecanismo que utilizaba la “mayoría gobiernista para meterle la mano” a los concursos. “Este es un atentado a la seguridad jurídica”, expresó.

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Ulloa aclaró que el propósito era conocer esas inquietudes de la sociedad civil, y recriminó a Dávalos que en la campaña para llegar al CPCCS recibió apoyo de una “polla” electoral (emprendida por los afines al expresidente Rafael Correa) y que ahora les debe “contestar que no va a poder poner contralor a dedo”.

Almeida primero se abstuvo porque la decisión era trascendental; luego reformuló y votó en contra.

Ulloa exigió que se tome la votación de Estupiñán, y ella reapareció en la sesión. Pero cuando iba a anunciar su decisión, Almeida la interrumpió, para pedir respeto a la conducción del pleno, si no la suspendería para que se calmen los ánimos, aunque después del regaño la suspendió sin tomar el voto de la consejera.

La posición de Estupiñán fue clave desde el 13 de junio pasado, cuando se reeligió a Sofía Almeida en la presidencia y a David Rosero en la vicepresidencia.

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Ese día, en conversaciones previas, se esperaba su respaldo a Rivadeneira, pero apenas concluía la lectura del orden del día, fue la propia Estupiñán la que candidatizó a Almeida.

Desde entonces, apoyó a ese grupo en decisiones enfocadas principalmente en la organización de los concursos de elección de autoridades.

Una de ellas, en la designación de César Córdova, como defensor del Pueblo encargado, quien ahora fue hasta elegido vicepresidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), y de quien se conoce que aspira a participar en el concurso público para ser titular de la Defensoría Pública.

Sofía Almeida pierde el control de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y no pudo aprobar el presupuesto para el 2022

Ese encargo llevó a los cuatro consejeros a explicar en la Comisión de Fiscalización de la Legislatura por qué se eligió a una persona que no tenía experiencia en derechos humanos.

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Ahí se increpó a Estupiñán si su hermano, Álex Estupiñán, había sido delegado de la Defensoría del Pueblo en Esmeraldas, y que tenía en un alto cargo en el CPCCS a Karen Carrión, hermana del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión.

Sin embargo, ese escenario de apoyo cambió desde el 29 de diciembre, cuando se pretendía aprobar el reglamento para la designación del titular de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, luego que Víctor Anchundia fue destituido y cesado por la Asamblea Nacional.

La vocal hizo observaciones al proyecto planteado desde la presidencia del Consejo, y al votar por sus propuestas se ausentó y Almeida suspendió la plenaria.

Luego, el 5 de enero se retomó el debate y Rivadeneira elevó a moción otros cambios.

La sorpresa fue que Estupiñán favoreció la propuesta de Rivadeneira, alcanzando los cuatro votos para aprobarse. Almeida, que no votó, suspendió precipitadamente la sesión.

Horas después, la presidenta denunció presiones de grupos políticos que buscan designar “autoridades a dedo”, en especial al titular de la Contraloría.

En una comparecencia en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, los asambleístas Nathalie Viteri (PSC) y Ferdinand Álvarez (UNES) pidieron explicaciones sobre la nueva posición de Estupiñán.

Viteri, por ejemplo, leyó los procesos judiciales que enfrenta y que esperaba que, por Dios, no la estuvieran presionando. Mientras, Álvarez pidió que aclaren si desde el Gobierno, el consejero presidencial, Aparicio Caicedo, los llamaba a presionarlos.

Estupiñán exclamó: “No he recibido presiones políticas de nadie, y pido respeto a las decisiones que yo tomo”.

El 14 de enero, dio un nuevo revés a la mayoría de Almeida, porque se abstuvo de apoyar la aprobación del presupuesto para la operación del Consejo del 2022 y el Plan Anual de Contrataciones (PAC).

La presidenta denunció que los cuatro consejeros de la nueva mayoría “paralizaron” las actividades del organismo, y que no se podría pagar sueldos ni aportes al IESS.

Esta postura de Estupiñán se da en medio de una investigación que le sigue la Fiscalía del Estado por presunta concusión, al divulgarse audios en los que presuntamente ella conversa con una de las postulantes a ser superintendenta de Ordenamiento Territorial.

Por este caso, también son investigados Ulloa, Rivadeneira y Bravo, que serían mencionados en esas supuestas conversaciones telefónicas. (I)