En tres días de comparecencias y entrega de evidencia documental se concluyó que existen las pruebas suficientes para determinar que el pedido de juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, terminará en destitución y censura por incumplir tareas de control de las operaciones bursátiles irregulares que causaron un perjuicio millonario a empresas públicas, entre ellas Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Eso lo sostienen los interpelantes Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC), criterio al que se suma también el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Concertación), quien dijo que de acuerdo con la evidencia documental y testimonial del interventor y de los representantes del Isspol, se confirma la tesis de los proponentes y que habría causales suficientes para recomendar al pleno de la legislatura el juicio político y la destitución del funcionario.
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Villavicencio comentó que según los testimonios, los organismos de control estuvieron ausentes y con niveles de complicidad en las operaciones bursátiles, porque si bien en el plano judicial ya se iniciaron acciones sobre este caso, políticamente la Asamblea pretende determinar responsabilidad y corresponsabilidades de la Superintendencia de Compañías, Banco Central, Superintendencia de Bancos, el alto mando de la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno, en donde prácticamente se dejaron pasar las operaciones irregulares y delictivas que empezaron desde el año 2013.
Se tuvo que esperar cinco años para que se prendan las alertas de la estafa, pues antes hubo un silencio cómplice de todas las autoridades de control, de la cúpula policial y del propio Ministerio de Gobierno, anotó.
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La Comisión de Fiscalización continuará este 18 de noviembre hasta el lunes 22 de noviembre con las comparecencias y luego de ello se comenzará a redactar el informe para conocimiento de la comisión y posteriormente al pleno de la legislatura.
Vanegas manifestó que de las declaraciones de los funcionarios públicos los liquidadores e interventores de las empresas Ecuagran y Delcorp, que comparecieron a la Comisión de Fiscalización, han permitido a los interpelantes recabar pruebas testimoniales que se contrastan con las pruebas documentales mostradas.
Todo esto permite señalar, añadió el legislador nacional de Pachakutik, que desde el 2014 cuando se hizo la primera emisión de bonos por $ 84 millones, por parte del Isspol a Valparaíso, hasta el año 2020, no existió un control efectivo de las distintas entidades de la Superintendencia de Compañías encargadas de regular el normal comportamiento de las casas de valores, de las calificadoras de riesgos, y estas empresas, sin tener sus balances y una situación económica y financiera concordante con la realidad que contaban en sus libros, lograron perjudicar al Isspol en $ 990 millones.
Es abundante la información sobre el perjuicio al Isspol, afirmó Vanegas, donde se pone en evidencia que los funcionarios relacionados con el control y fiscalización a la Intendencia Nacional de Compañías renunciaron en el 2020 y fueron reemplazados por funcionarios que han hecho conocer que a su vez ellos renunciaron a sus cargos por temores y presiones que tenían en las funciones que venían desempeñando.
Almeida dijo que entregó unas 8.000 fojas de pruebas de incumplimiento de funciones por parte del superintendente de Compañías, pero más allá de ello, se devela que se permitió que las compañías como Ecuagran y Delcorp actúen al margen de la Ley estafando con $ 900 millones a través de cinco robos a dineros del Isspol.
Ecuagran y Delcorp acumulan deudas por emisiones bursátiles
Sostuvo que en el caso del Isspol hubo abuso, robo, desfalco y apropiación indebida, donde nunca operó el control por parte del superintendente de Compañías, más bien las revelaciones dan cuenta de que hubo una Superintendencia paralela que era dirigida por un abogado externo. (I)