Al menos $ 8,2 millones es lo que debe aún cancelar al Estado ecuatoriano el exvicepresidente Jorge Glas por los actos de corrupción cometidos cuando estuvo en funciones y que fueron sancionados por la justicia bajo los delitos de asociación ilícita relacionada con la trama de corrupción de Odebrecht y cohecho pasivo agravado investigado dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016.

Las reparaciones integrales ordenadas de $ 7,5 millones en el caso Odebrecht y los $ 778.224 en el caso Sobornos son disposiciones parte de dos sentencias en firme que deben cumplirse independientemente del habeas corpus concedido al excompañero presidencial de Rafael Correa, el sábado último en Manglaralto, Santa Elena, por el juez Diego Javier Moscoso y que permitió la salida de Glas de la cárcel.

En los casos Odebrecht y Sobornos, Glas fue identificado en tres instancias de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) como uno de los autores de los hechos ilícitos investigados. En la primera causa recibió seis años de reclusión menor, mientras que en la segunda fue condenado a ocho años de cárcel. En ninguno de estos dos casos de manera voluntaria el ex segundo mandatario ha entregado bienes o dinero para cancelar sus obligaciones, por ello se ha procedido a otras acciones.

En manos de un tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena está el analizar si fueron correctos o no los argumentos usados para conceder el ‘habeas corpus’ a Jorge Glas

Jueces de la CNJ presiden los Tribunales de Ejecución

Los jueces nacionales Byron Guillén y Walter Macías presiden los Tribunales de Juzgamiento de la CNJ, transformados en Tribunales de Ejecución, de los procesos penales que por asociación ilícita condenaron a ocho personas al pago de un total de $ 33,3 millones y por delincuencia organizada se sentenció a 20 personas, quienes deben completar un pago total de $ 14,7 millones.

El juez ponente del caso Odebrecht, Byron Guillén, ha aclarado que este “habeas corpus correctivo” no tiene ningún efecto en la ejecución de una sentencia que sigue su trámite y se está ejecutando no solo en la parte material, sino en lo que respecta a la pena privativa de la libertad.

Para cobrar lo dispuesto en sentencia, desde la Corte Nacional se han emitido los mandamientos de ejecución e incluso se activó el mecanismo de ejecución forzosa de la sentencia en el caso Sobornos. La Procuraduría General (PGE) es la instancia que busca a nombre del Estado recuperar las multas impuestas y ha mapeado los bienes muebles e inmuebles a nombre de los condenados.

Luego que la PGE hizo consultas en los Registros de la Propiedad de los 221 cantones del Ecuador, a nombre de Jorge Glas se ubicaron dos departamentos con sus estacionamientos y un secadero en el Conjunto Residencial Lomas de Castella, en el cantón Quito; y un usufructo vitalicio de un departamento, un parqueadero y una bodega en el Conjunto Diamond Beach, en Atacames, Esmeraldas.

En la causa por asociación ilícita se estaría solicitando la devolución de dos bienes en Esmeraldas, los cuales Jorge Glas diría que corresponden a su hijos y que él es solo el usufructuario de estos bienes. Los jueces aún no han dado una respuesta jurídica al pedido, pero aseguran que lo harán en su momento.

$ 5 millones por pagar en el caso Singue

A esos $ 8,2 millones que están en firme por cobrarle a quien lideró los sectores estratégicos durante el correísmo, se le podría sumar una parte de los $ 5 millones que como reparación al Estado se ha dispuesto en primera instancia en el caso Singue deben pagar de forma proporcional, según su nivel de participación, los siete condenados, entre quienes están los exministro y exviceministro de Hidrocarburos Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente.

En este caso Glas fue sentenciado a ocho años de cárcel como coautor del delito de peculado. El 11 de mayo próximo se realizará la audiencia para apelar esa sentencia de primer nivel. Los jueces de la CNJ Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho serán los encargados de resolver los recursos de apelación presentados por los siete condenados y la PGE, como acusadora particular y víctima.

En este proceso por peculado, abogados en representación de la esposa y los hijos de Glas han pedido que se levanten las prohibiciones de enajenar que existen sobre los inmuebles ubicados en el cantón Atacames, Esmeraldas.

Para el 11 de mayo próximo se fija la audiencia de apelación en el caso Singue; Jorge Glas y otros seis procesados pretenden que se los declare inocentes

Una vez que el caso llegue a casación y de seguirse manteniendo la sentencia, solo en ese momento se conocerá qué porcentaje de esos $ 5 millones deberán pagar los cuatro condenados como coautores y los tres cómplices.

Se insistirá en el cobro de las reparaciones

Mediante un comunicado, la PGE ha indicado que sin perjuicio del resultado de la apelación interpuesta por el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privados de la Libertad (SNAI) ante lo que la institución califica de una “ilegal sentencia emitida por un juez de Manglaralto”, que permitió la salida de la cárcel de Glas, la Procuraduría continuará con la ejecución de las sentencias contra el exvicepresidente y no cejará en sus acciones para recuperar el “dinero en los casos de corrupción”.

Iván Saquicela, presidente de la CNJ, resaltó en varias intervenciones que más allá del habeas corpus otorgado a Jorge Glas, que solo permitió su salida de la cárcel, mas no lo declara inocente ni pone en duda sentencias ejecutoriadas, la Corte Nacional sí ha respondido ante casos de corrupción que llegaron a su conocimiento y existen sentencias en firme y ejecutoriadas, luego que se determinaron actos reñidos con la Ley.

El ofrecer disculpas públicas es algo que también ha sido determinado para Glas en las sentencias por asociación ilícita, cohecho y peculado. Por efecto de la sentencia en el caso Sobornos, desde finales del 2020, Jorge Glas dejó de recibir la pensión vitalicia que tenía como exvicepresidente.

La Ley de Apoyo Humanitario, aprobada por la Asamblea Nacional y en vigencia desde junio de 2020, condicionó el pago de las pensiones vitalicias a los exmandatarios que hayan sido cesados o que fueran sentenciados por corrupción. Las dos excepciones establecidas señalan que los exmandatarios no recibirán ese valor si no hubiesen concluido su periodo por haber sido cesados y si son sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad y violencia sexual. (I)