Mesas de trabajo entre delegados del Gobierno nacional y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se instalarían para analizar una alternativa legal respecto del retiro del edificio en donde funciona actualmente el organismo.
Ello había sido una de las conclusiones a las que habían llegado el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el titular del Consejo de Participación Ciudadana, Alembert Vera, durante una reunión que mantuvieron este 13 de junio de 2023, de carácter reservado.
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No hubo fotos ni boletín de prensa desde la Presidencia de la República, solo Alembert Vera dio algunos detalles de esta cita, en lo que denomina su informe semanal de cada martes.
Contó que acudió al Palacio de Gobierno en Quito para reunirse con Lasso y varios de sus ministros y se habría llegado a un consenso para integrar mesas de trabajo en las que se encuentre una solución a la falta de un edificio para el trabajo de los funcionarios del CPCCS.
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«Nos deja más tranquilos que vamos a poder seguir trabajando aquí», expresó Vera en su declaración.
El 5 de junio de 2023, a través del Decreto Ejecutivo 759, Guillermo Lasso resolvió derogar varios decretos emitidos por el expresidente Rafael Correa, en los que se transfirieron bienes inmuebles de propiedad del Banco Central del Ecuador al CPCCS y a Inmobiliar, atendiendo la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Uno de esos decretos derogados fue el 494, que suscribió Rafael Correa en octubre del 2010, en el que requirió al Banco Central que el inmueble signado con el número 15, en una escritura de unificación de bienes, se lo traspasara al dominio y propiedad a título gratuito del Consejo de Participación Ciudadana.
El decreto se sustenta en que la ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero impide al Banco Central del Ecuador “proporcionar ayudas, donaciones o contribuciones financieras a personas naturales o jurídicas, sin establecer excepción alguna”.
Por lo que el BCE tiene prohibición para realizar transferencias a título gratuito de sus bienes inmuebles propios; y, de esa forma, el Consejo debe devolver el edificio a la institución estatal.
Ese inmueble está ubicado en el centro norte de la ciudad capital, en el sector de Santa Prisca, y se lo conoce como edificio Centenario y alberga a unos 200 servidores en los últimos trece años.
Según Vera, tras este diálogo con el primer mandatario, al que había acudido con la vicepresidenta Nicole Bonifaz, se inhibieron de determinar plazos para que el CPCCS deje el edificio y, al contrario, se buscarán acuerdos entre las partes.
No se descarta que en este plazo, el CPCCS pueda encontrar otro inmueble al cual trasladarse.
Así también, según Vera, se había planteado a Guillermo Lasso trabajar en una propuesta para “fortalecer la lucha contra la corrupción y la transparencia” con el apoyo de la Fiscalía General, el Consejo de la Judicatura y la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo. (I)