En medio de la nueva crisis que enfrenta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Gobierno reconoce las funciones de los cuatro vocales que retornaron a sus cargos ante la vigencia de una medida cautelar que suspendió los efectos de la censura y destitución del juicio político que sustanció la Asamblea Nacional.

Para el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cuando las “cosas se hacen arbitrariamente, siempre hay problemas; cuando no se respetan los informes que existen para tomar decisiones, siempre hay problemas”, esto en referencia a la decisión de la Asamblea Nacional de censurar y destituir a cuatro de los siete vocales del CPCCS en una sesión que se realizó el 18 de noviembre.

La Casa de Gobierno esperará a ver cómo se resuelve este asunto, aunque “están fuera de esa película”. “Nosotros reconocemos a los cuatro consejeros, porque hay una acción judicial que ha dado una resolución”, aseveró el ministro.

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“Estamos a la expectativa de cómo se resuelva la situación por parte de los organismos de administración de justicia y de la Función Legislativa, pero esperamos que se respete la ley, que no por plasmar agendas partidistas se haga tabla rasa de las leyes, porque eso sí está mal, porque eso supone alteraciones del orden democrático”, añadió Jiménez durante un conversatorio con periodistas a propósito de la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de este 25 de noviembre.

Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, durante un conversatorio con periodistas en Quito. Foto: Sugey Hajjar/El Universo Foto: El Universo

La posición del régimen se conoce a propósito de los recientes hechos ocurridos en el Consejo de Participación Ciudadana, como fue la censura y destitución de cuatro de sus siete miembros en una interpelación política que empujaron varias fuerzas políticas del Parlamento.

Sin embargo, en las últimas horas, un juez de La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas) admitió a trámite una acción de protección que interpuso un ciudadano en contra de la decisión política y dictó medidas cautelares para evitar la afectación de los derechos de las cuatro autoridades y mientras se resuelve el recurso constitucional.

Con ese argumento, Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira se reintegraron a sus cargos y sesionaron la tarde y noche de este 23 de noviembre.

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La consejera Sofía Almeida, que no fue enjuiciada y que es parte de la minoría junto con David Rosero y Javier Dávalos, desconoció el reintegro de sus cuatros colegas y alertó de que no han sido notificados con ninguna medida por la Asamblea Nacional ni por la justicia ordinaria.

“Para volver a un puesto público, como ellos fueron censurados y destituidos, deben tener credenciales como consejeros. Además, dicen que ellos han puesto alrededor de catorce medidas constitucionales, lo que podría configurarse en abuso de derecho, y estarían incurriendo en una posible simulación de funciones si es que ellos no tenían las credenciales”, comentó Almeida, quien exhortó al Legislativo o al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que los notifique para poder actuar.

Anticipó que ella no participará en las sesiones a las que convoque Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, pues no se prestará para un “show”, ya que carecerían de legalidad y legitimidad, pues no han sido notificados por la justicia de que ellos están en funciones, insistió.

“Las sesiones que convoquen no tiene validez (...). No podría responder o pronunciarme, pues no he sido notificada del reintegro de estos consejeros”, añadió.

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La vicepresidenta, María Fernanda Rivadeneira, aseguró que ellos están habilitados para ejercer cargo público, pues no tienen impedimentos legales registrados en el Ministerio del Trabajo y pueden usar el sistema oficial Quipux, por lo que estarían siendo reconocidos como autoridades.

La tarde de este 24 de noviembre se convocó a un pleno en la Asamblea a las 16:20, en cuyo orden del día consta la posesión de vocales principales del CPCCS, con base en un listado que le remitió el Consejo Electoral en el que constan los candidatos con mayor número de votos obtenidos en las elecciones del 2019.

Acciones gubernamentales para contrarrestar la violencia contra las mujeres

El Gobierno nacional prevé implementar en las próximas semanas el Registro Único de Violencia contra las Mujeres, cuya finalidad sería evitar la revictimización de las víctimas de violencia durante el trámite de las denuncias.

En un diálogo con periodistas que mantuvo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, este 24 de noviembre, se informó que para las próximas semanas está previsto habilitar este registro, que tendrá una modalidad interconectada con otras instituciones.

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La propuesta consiste en que, cuando haya una denuncia de violencia en contra de una mujer, se active un mecanismo de transferencia de información.

Entre las instituciones participantes estarán la Fiscalía General, el Consejo de la Judicatura, la Policía Nacional, el ECU911, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Gobierno, quienes recibirán la denuncia para así evitar, por ejemplo, que una mujer tenga que relatar en varias ocasiones y ante distintos funcionarios lo que le ocurrió. Según Changuín, ello evitaría que se revictimice a las mujeres.

La viceministra adelantó que este Registro Único estaría bajo la supervisión de la Secretaría de Derechos Humanos, para luego transferirla al Ministerio de la Mujer, cuando este último esté operando.

La aspiración es que esta última cartera de Estado abra sus puertas en el primer trimestre del 2023, pues de momento trabajan en aspectos administrativos, técnicos y presupuestarios. (I)