El Ministerio de Gobierno, en conjunto con los asambleístas de CREO, están trazando un camino de acercamientos con las bancadas legislativas para “clarificar” el contenido del proyecto de Ley de Creación de Oportunidades y evitar el rechazo a este, esencialmente, en materia laboral y tributaria.

La propuesta de más de 330 artículos que entregó el presidente de la República, Guillermo Lasso, con el carácter de urgente a la Asamblea Nacional para su trámite, se encontraba hasta ayer en la revisión del cumplimiento de requisitos formales en la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

La presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, ofreció ayer durante un conversatorio con representantes de los medios de comunicación que esta semana el Consejo de Administración Legislativa (CAL) anunciará si fue o no calificada y a qué comisiones especializadas será remitida para proceder con su debate.

En ese sentido, el Gobierno trabaja en un cronograma de reuniones con los bloques legislativos.

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El coordinador de los asambleístas de CREO, Juan Fernando Flores, contó que está propiciando el diálogo, primero con los coordinadores de las bancadas, para que ellos a su vez reúnan a sus afines y “tener un acercamiento macro”.

“Debemos aclarar, clarificar y debatir los 137 legisladores. Cada bancada tiene el derecho de establecer cuáles son sus líneas rojas. Hemos pedido que se haga un análisis desde lo técnico, lo que está escrito en el papel para que no se malinterprete en redes sociales. Porque está ocurriendo que se mencionan elementos que no están contemplados en la propuesta y esto es delicado porque entramos en un proceso en donde se desprestigia el proyecto sin realmente leer lo que está dentro. El llamado es a que las bancadas con sus equipos analicen el proyecto, definamos esas líneas rojas, y en función de eso el debate”, dijo Flores.

A propósito de ello, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó que desde ayer mantendrían reuniones con la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES). Esos diálogos se extenderán hasta el 15 de octubre, en los que están incluidos sectores sociales.

El primer escollo que debe enfrentar esta propuesta es el CAL, donde hay al menos dos posiciones contrapuestas a la iniciativa gubernamental.

En representación de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) está Virgilio Saquicela; Nathalie Arias (CREO), Johanna Moreira de la Izquierda Democrática (ID) y Bella Jiménez (independiente).

Pachakutik (PK) tiene dos legisladores: Guadalupe Llori y Darwin Pereira; y UNES tiene a Ronny Aleaga.

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Con excepción de Llori, quien evitó anticipar un criterio, los legisladores han mostrado su rechazo al contenido e incluso creen que debe ser devuelto al Ejecutivo porque trata más de un solo tema.

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Creen que se incumple el artículo 136 de la Constitución y el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre los proyectos urgentes en materia económica, que deben referirse a “aspectos sustantivos de la política económica, cuyo trámite expedito es necesario para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica adversa”.

Pereira cuestionó que se remita una propuesta con temas laborales, de hidrocarburos y tributarios y recomendó al jefe de Estado que lo divida en tres áreas. “Tendremos que hilar muy fino para ver si esto pasa o no en el CAL”, dijo el legislador.

El coordinador de PK, Rafael Lucero, aseguró que no quieren “obstaculizar nada”, pero no respaldarán propuestas que no cumplan con la Constitución.

Un criterio similar planteó la legisladora Yeseña Guamaní (ID), quien alertó que no apoyarán artículos que precaricen la situación laboral, pero que la Asamblea no puede “caer en la inacción” y que desde ese frente “no bloquearán” el trámite del texto.

En el caso de UNES, su representante, Paola Cabezas, recordó que el artículo 136 de la Carta Política habla de una sola materia en este tipo de proyectos, por lo que deben cumplirse los procedimientos y descartó que estén bloqueando al régimen.

En el Partido Social Cristiano (PSC) hay respaldo para que este proyecto se analice.

El jefe de bloque, Esteban Torres, sugirió a los miembros del CAL calificar el proyecto, para evitar “alimentar un relato de victimismo del Gobierno de que le están bloqueando” su propuesta.

Según Torres, la base legal es una sentencia de la Corte Constitucional en la que se menciona que si hay un solo hilo conductor en un tema transversal se lo califique, y que en este caso ese hilo es la “recuperación económica”.

En todo caso, el PSC tiene una posición de revisar y mejorar la normativa. Incluso porque “somos prisioneros -en el buen sentido- de la propuesta de campaña electoral (entre CREO y el PSC). Lo que vaya en esa lógica va a ser aprobado, y lo que no, no será apoyado. Tenemos una responsabilidad mayor porque estuvimos en el plan de campaña y tenemos que hacer que se cumpla la mayor cantidad de ítems”, recalcó.

No obstante, cree que la Asamblea deberá resolver temáticas, como los cambios laborales con minuciosidad para evitar que sea motivo de demandas de inconstitucionalidad futuras por los grupos sociales.

¿A qué comisión irá?

A la par de este debate, el CAL debe definir si será una o más comisiones las que tratarán la iniciativa.

Flores dijo que la postura del oficialismo es que se tramite en una sola comisión legislativa; desde PK, creen que debe dividirse, al igual que lo considera el PSC.

Para Torres, el tema laboral debería ir a la Comisión de los Trabajadores y los temas tributarios y otros, a las comisiones económicas.

Una vez que el presidente Lasso entregó el texto, la Asamblea tiene un plazo de 30 días para tramitarlo. Una vez que sea trasladado a las comisiones respectivas, estas tienen diez días para preparar el informe para primer debate. (I)