Empresario que ha desarrollado su actividad en los campos petrolero, inmobiliario, camaronero y en la joyería, Galo Humberto Robalino Valencia asumió la dirección general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) el 31 de agosto pasado. De 52 años, inició su carrera pública hace dos meses, cuando fue nombrado subdirector de esta institución, anteriormente llamada Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Cuestionada por supuesto espionaje y persecución a políticos de oposición y periodistas en el correato, la Senain se convirtió en el CIES durante el gobierno de Lenín Moreno y con el actual presidente Guillermo Lasso se está reestructurando. Robalino manejará el presupuesto del CIES, de $ 23,8 millones, de los cuales el 59 % ($ 14 millones) están considerados como gastos corrientes, según el plan económico anual.

Robalino no ha declarado el impuesto a la renta en los últimos doce años. Al consultar en los registros públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI) aparece este mensaje entre los años 2009 y 2020: “La Declaración de Renta aún no ha sido presentada”. En cambio, el sistema sí registra que Robalino ha pagado montos por el impuesto a la salida de divisas.

Sobre esto, en entrevista con EL UNIVERSO, Robalino señaló: “Nosotros tenemos empresas familiares las cuales todas pagan impuesto a la renta (...). Todo es por medio de nuestras empresas”.

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Dos abogados y un auditor financiero consultados por este Diario coincidieron en que un empresario no está exento de pagar el impuesto a la renta si sus compañías ya lo han hecho. Una cosa es la renta que genera la empresa y otra la que el empresario obtiene para sí mismo, ya sea a través de un sueldo o de dividendos, explicaron. El auditor añadió que la única razón para no tributar esa tasa es no haber tenido ingresos personales.

Robalino, que no registra un título universitario en el sistema de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), ha sido socio de ocho empresas en el país, según la Superintendencia de Compañías. Cinco de ellas fueron canceladas entre el 2006 y 2014, otras dos en febrero de 2021 y al momento solo tiene una activa, Gioval S. A., una joyería en Village Plaza de Samborondón. Hace muchos años mantuvo la joyería Geneve, en Plaza Triángulo, en Urdesa.

Al día siguiente de su designación, Robalino presentó su declaración patrimonial juramentada ante la Contraloría, en la que consta un patrimonio que asciende a $ 355.624, entre su cuenta bancaria, derechos fiduciarios, cuentas por cobrar, joyas y menajes de casa.

En este formulario, el funcionario también detalló que mantiene una deuda de $ 4.000 con una tarjeta de crédito. No obstante, ahí no constan los cerca de $ 50.000 que, según Amparo Cueva Tinitana, le adeuda desde hace una década. “Le dimos el servicio de alimentación para los trabajadores de su compañía (Ghozanty S. A.)”, refirió Cueva en diálogo con EL UNIVERSO. Ella tenía un negocio familiar en Shushufindi (Sucumbíos), pero quebró.

Al no obtener el dinero, ella denunció a Robalino ante la Fiscalía en 2019 por presunta estafa, delito por el que también fue denunciado por otra persona en 2012. “No tengo dónde ubicarlo, por eso lo denuncié”, comentó Cueva. Contó que lo buscó en las oficinas que tenía registradas Ghozanty en Guayaquil, pero no encontró a nadie.

Robalino asegura que todos los juicios que enfrentó Ghozanty quedaron arreglados. “No quedó ningún problema”, afirma.

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Al igual que Cueva, la Superintendencia de Compañías encontró que Ghozanty no estaba funcionando, en una visita que hizo en 2011 a la misma dirección. “No se pudo obtener información de ningún tipo con relación a su actividad, libros contables y sociables; tampoco se pudo ubicar a sus representantes legales ni accionistas, obstaculizando la labor de control de la Superintendencia de Compañías”, detalló esta entidad como antecedente para declarar disuelta a Ghozanty en enero del 2012.

La empresa había sido creada en 2004 y mantenía tres contratos con Petroecuador por un total de $ 42 millones, firmados entre junio y julio de 2011. Debido a la disolución decidida por la Superintendencia de Compañías, Petroecuador terminó unilateralmente los tres contratos en mayo de 2012. De acuerdo con los últimos reportes financieros reportados por la compañía, sus ingresos en 2010 fueron por $ 948.

Petroecuador optó por la ejecución de la garantía de buen uso de anticipo en el monto no devengado. La aseguradora que había extendido la póliza le canceló a la estatal $ 1,4 millones y los valores restantes Petroecuador debía tramitarlos por la vía judicial.

Ahora, Robalino apunta que los traspiés de su empresa con la Superintendencia de Compañías y con Petroecuador se dieron por cuestiones políticas. “Cuando hay movimientos políticos, pasan cosas que de una u otra manera a uno le dejan fuera. (...) Fue una decisión política en la época de (Rafael) Correa”, sostiene.

Y al respecto aclara: “No estoy aquí para perseguir a nadie, el Gobierno no quiere perseguir a nadie y yo estoy en esa posición. Si algún momento me hicieron daño, me hicieron daño, pero ahora estamos en el gobierno de Guillermo Lasso y quiere reinstitucionalizar el Estado. Si me pongo a pensar en lo que me hicieron antes, no voy a poder ser ecuánime ni equilibrado. El resentimiento no lleva a nada”.

Sin embargo, los problemas de Ghozanty no quedaron ahí. La Contraloría auditó sus contratos con Petroecuador y determinó que, hasta fines de 2013, la petrolera estatal no había realizado las liquidaciones definitivas, por lo que tampoco había recobrado los valores pendientes.

En el informe de Contraloría consta la versión del procurador jurídico de Ghozanty, quien señaló que las pólizas fueron ejecutadas “ilegalmente” por Petroecuador, porque “no existía causal para la terminación unilateral del contrato”. El procurador añadió que no se debía realizar ningún pago, porque “ni siquiera existe un monto en firme a ejecutar, lo que violenta las condiciones de las pólizas de seguros”.

La Contraloría también concluyó que hubo irregularidades en las adjudicaciones de los contratos. Según el informe, Ghozanty se presentó a los concursos de Petroecuador entregando certificados emitidos por otras compañías privadas que le acreditaban experiencia previa, pero estas empresas aseveraron a los auditores de Contraloría que no habían entregado esas certificaciones.

Sobre esto, Robalino contestó: “Hay un informe final de Contraloría donde tengo todo subsanado”. Y ofreció entregar ese documento.

En el exterior, él figuraba como directivo de tres empresas offshore: Luxan Corp., domiciliada en la isla británica de Anguila, y Silver and Gold Holding y Ergo Management Services Limited, en Islas Vírgenes Británicas. Las compañías fueron registradas por el estudio Mossack Fonseca y esos documentos forman parte de los Papeles de Panamá”. Las sociedades fueron constituidas entre 2007 y 2009, y disueltas entre el 2013 y 2015.

Robalino indicó: “En esa época yo era empresario privado. (Abrir las offshore) fue una estrategia económica y después simplemente las cosas no fueron tan bien y tuvimos que cerrarlas”. Y subrayó que, como funcionario público, ya no tiene sociedades en paraísos fiscales.

Para Robalino, su actividad empresarial quedó atrás. Ahora asegura que sus esfuerzos se concentran en evaluar los procesos que lleva a cabo el CIES y su aval le llega directamente del presidente Lasso: “Al presidente lo conozco desde hace unos cinco o seis años. Le he ayudado en campaña y además hemos hecho una buena amistad”. (I)