Han transcurrido 83 días desde que entró en funciones la comisión ciudadana encargada de organizar el concurso público para designar al titular de la Fiscalía General del Estado y todavía hay dudas sobre ciertas coincidencias detectadas en los documentos presentados por las comisionadas Cynthia Jacho y Ericka Aguaguiña.
Este 17 de abril de 2026, la comisión ciudadana aprobó el informe final de admisibilidad en el que se habilita a 28 concursantes a continuar en el proceso que va hacia la fase de calificación de méritos.
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Con ello, quedaron fuera 47 de un total de 75 personas que se inscribieron para participar.
Este documento se eleva a conocimiento del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para así efectivizar el pago de dietas de los cinco comisionados que están en representación de la ciudadanía y certificar el paso a la etapa de méritos en la que los postulantes competirán por alcanzar las más altas calificaciones de 50/100.
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Sin embargo, el concurso prosigue con alertas de posibles anomalías sobre quiénes están escogiendo a la nueva autoridad.
Esto surgió de exmiembros de la veeduría ciudadana —que se encarga de vigilar la transparencia del desarrollo del proceso— que se desgranó tras la renuncia de varios veedores, entre ellos, el excoordinador Hugo Arteaga.
En declaraciones públicas, Arteaga indicó que durante la fase de calificación de los méritos de los aspirantes a ser comisionados, observaron anormalidades en los documentos de algunos postulantes.
Ejemplo de ello, el caso de la presidenta de la comisión ciudadana, Cynthia Jacho Tipán, y de Ericka Aguaguiña Moposita, esta última que llegó como suplente, pero se principalizó en lugar de Wellington Andachi, quien se enfermó y pese a los certificados médicos fue removido por decisión del CPCCS.
Puntos por cursos de 120 horas tomados al mismo tiempo y certificados de fundaciones
Las comisiones ciudadanas son cuerpos colegiados compuestos de diez personas: cinco electas en representación de la ciudadanía y cinco por las funciones del Estado.
A los que se postulan por la sociedad civil se les revisa que no estén incursos en inhabilidades y prohibiciones legales y se les califican méritos sobre 50 puntos.
Esta elección está a cargo del CPCCS, pero sus siete consejeros delegan esas actividades a “equipos técnicos” que los integran sus asesores de confianza.
Ellos se encargaron de revisar y puntuar las carpetas de decenas de aspirantes a ser comisionado.
La carpeta de Cynthia Jacho la calificó Angie Falconí, delegada del consejero Roberto Gilbert.
Jacho alcanzó una de las calificaciones más bajas en méritos: 17,5/50. Previamente, el CPCCS debió corregir un error, pues le pusieron 37,5/50.
La mujer que tuvo su título de abogada en el 2022 llegó a la presidencia de la comisión propuesta por Pamela Garay, delegada de la Función de Transparencia y funcionaria de la Superintendencia de Compañías.
En su carpeta constan certificados que fueron valorados hasta con 1 punto, emitidos por la Escuela de la Función Judicial por el curso virtual “Dignidad humana desde la jurisprudencia constitucional”, de diez horas, que se registró el 28 de julio de 2025; y, “Habeas corpus: privación de la libertad ilegal, arbitraria e ilegítima”, también virtual de cuatro horas, que se emitió el 28 de julio del 2025.
Ambos documentos no señalan en qué fecha tomó los cursos.
Otros certificados tienen sello de AinaGroup, un portal de internet que se identifica como prestador de servicios de capacitación profesional, en donde Jacho tomó los siguientes cursos virtuales:
- “Teoría del delito y la pena”, del 30 de mayo de 2025 hasta el 26 de julio de 2025, por 120 horas.
- “Derecho constitucional en garantías jurisdiccionales”, del 30 de mayo de 2025 al 26 de julio de 2025, por 120 horas.
Ingresó documentos de una Federación de Fundaciones para el Desarrollo (Falides), en donde se había desempeñado como directora de relaciones comunitarias y ayuda social desde el 22 de marzo de 2024 hasta el 12 de mayo de 2025.
Por haber trabajado ahí, el equipo técnico le concedió dos puntos; y porque recibió un certificado ‘honorífico’, 0,5.
En otro certificado emitido por la Fundación San Martín, se le dieron dos puntos porque trabajó como directora de programas sociales para la erradicación de la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, desde el 30 de abril de 2024 “hasta la presente fecha”, en cuyo caso era 25 de julio del 2025, cuando se emitió el documento.
La misma fundación le dio un reconocimiento por su compromiso social fechado el 19 de junio del 2025, y sumó 0,5 puntos.
La fundación Falides tiene como dirección el barrio San Blas 2 de Quito, al igual que la fundación San Martín, y en las dos el director ejecutivo es Galo Díaz Cerda.
En la sesión del viernes 17 de abril último, Jacho dijo que es incoherente que se pretenda manchar su nombre por documentos que ella no ha suscrito.
Dijo que superó todas las fases del concurso “con legitimidad” y que lo que se intenta es “obstaculizar” la elección del titular de la Fiscalía General.
Su declaración se dio en respuesta a un proceso de fiscalización a su carpeta que abrió el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Luis Molina.
No obstante, también hay determinadas coincidencias en la documentación de Ericka Aguaguiña, que presentó al CPCCS certificados de haber hecho cursos online a través del portal de AinaGroup.
Entre estos, en “Derecho procesal civil”, que tomó desde el 30 de mayo de 2025 hasta el 26 de julio de 2025 por 120 horas.
Otro en “Derecho penal”, del 30 de mayo de 2025 al 26 de julio de 2025, por 120 horas; en “Derecho mercantil”, desde el 30 de mayo de 2025 hasta el 26 de julio de 2025, por 120 horas; y, otro en “Derecho constitucional”, del 30 de mayo de 2025 al 26 de julio de 2025, también por 120 horas.
Por estas capacitaciones recibió dos puntos.
Aguaguiña tuvo 28/50 en sus méritos, de los que nueve puntos fueron por su experiencia profesional.
En su documentación consta que laboró en un consorcio de investigación como asistente judicial desde abril del 2019 hasta marzo del 2020; en el estudio jurídico Carrasco desde octubre del 2020 hasta marzo del 2024.
En ese tiempo, desde febrero de 2020 hasta la emisión del certificado laboral, 22 de julio de 2025, trabajaba como coordinadora de derechos humanos en el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales en Ambato.
Una empresa denominada Ecuacuy certificó que labora desde el 11 de enero del 2021 hasta la actualidad (9 de julio de 2025, cuando se emitió el certificado) como asesora legal.
Adicionalmente, Aguaguiña presentó un certificado de una fundación Cosfain, en la que había dado sus servicios profesionales como directora de programas sociales para la erradicación contra la violencia de género, “desde el 22 de marzo de 2023 hasta la presente fecha” (25 de julio de 2025, cuando se entregó el certificado).
La fundación Como un Sueño indicó que la comisionada prestó sus servicios como directora de intervención y atención a víctimas de violencia, desde el 22 de mayo de 2024 hasta la presente fecha (30 de junio de 2025).
Se le concedió un punto: 0,5 por cada certificado que recibió de los mismos lugares en donde trabajó, como en la fundación Cosfain; fundación Como un Sueño; y, otro 0,5 por el mismo certificado laboral que entregó el Comité de Derechos Humanos.
Su carpeta también la calificó Angie Falconí.
En los documentos de la fundación Falides que dio los certificados a Jacho consta como secretario Carlos Valverde Muquinche.
En los certificados de la fundación Cosfain para a Aguaguiña constan como director ejecutivo Víctor Hugo Valverde Muquinche y como secretario Humberto Valverde Muquinche.
El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, justificó que los documentos presentados por Jacho están “notarizados”, pero que estaría en manos de la Contraloría General del Estado determinar si existirían irregularidades.
“(Los documentos) tienen fe pública, están notarizados. Pero igual, es un proceso que se ha realizado, que se ha enviado a la Contraloría y es importante que tenga el tratamiento del caso. A raíz de esa información, de ese resultado, el Consejo de Participación, en caso de que exista una situación no correcta, tendrá que tomar una decisión”, expresó Fantoni en declaraciones de prensa. (I)