Unos 2.700 títulos universitarios de siete carreras, otorgados por una institución llamada Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival) de Nicaragua, fueron anulados en Ecuador.

El Ministerio de Educación, que está a cargo de una parte del sistema universitario, tras una fusión con la Senescyt desde septiembre del 2025, sostuvo que la situación se originó a partir de la solicitud de registro en el país de títulos de pregrado y posgrado.

En el proceso de verificación para el registro de títulos se identificaron incumplimientos sustanciales relacionados con el reconocimiento y acreditación de la institución emisora en su país de origen, pues había perdido su personalidad jurídica en diciembre de 2022, adujo esa cartera de Estado.

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Dicha medida, indicó en un correo dirigido a este Diario, se fundamentó en incumplimientos estructurales en materia de calidad académica, entre los que se incluyen la falta de autorización de su oferta educativa en modalidad en línea, la existencia de inconsistencias en la información reportada ante los organismos reguladores del país, así como la ausencia de sistemas de información confiables.

Estas condiciones constituyen impedimentos determinantes para el reconocimiento y registro de los títulos emitidos por la referida institución, al no cumplir con los parámetros mínimos de calidad establecidos en la normativa vigente en el Ecuador, lo que imposibilita dar curso favorable a dichos registros, indicó, tras un pedido de información.

Proceso judicial y resolución

Frente a esta situación, sostuvo que un grupo de ciudadanos presentó una acción de protección, pues argumentó la presunta vulneración de sus derechos al no haberse registrado sus títulos.

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En primera instancia, una autoridad judicial dispuso el registro de los títulos.

Sin embargo, hubo una apelación y un fallo judicial, de febrero pasado, determinó que no existió vulneración de derechos, reconoció que esa universidad no cumple con estándares de calidad y revocó la obligación de registrar títulos.

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En el marco de este pronunciamiento judicial, argumentó, se verificó la información correspondiente y se confirmó que la institución emisora de los títulos no cuenta con la acreditación en su país de origen, requisito fundamental para su reconocimiento en el Ecuador, con lo que se ratificó que no cumple con los parámetros mínimos de calidad exigidos por la normativa vigente.

Revocatoria y sus implicaciones

Por ello, procedió a la revocatoria de alrededor de 2.700 registros de títulos de pregrado y posgrado en Administración de Empresas y Derecho, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción.

Además, Tecnologías de la Información y Comunicación, Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria, Servicio, Salud y Bienestar.

Dado que la institución emisora ha perdido su personalidad jurídica, implica la imposibilidad de verificar la validez y legitimidad de la documentación académica emitida, agregó.

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En consecuencia, dichos títulos no pueden ser objeto de homologación, al no cumplir con los requisitos legales exigidos, situación que se replica incluso en el país de origen.

Recomendación del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación recomendó a los estudiantes y sus familias verificar, de manera previa, que las instituciones de educación superior en el exterior cuenten con el reconocimiento y la acreditación vigentes en su país de origen.

Pronunciamiento de abogado de graduados

En un documento dirigido a este Diario, Juan Caluqui Díaz, procurador judicial de graduados de Unival, aseveró que durante las audiencias en juzgados y tribunales presentaron documentos de autorizaciones y acreditaciones de la Unival en Nicaragua y su registro con el órgano local de Ecuador, además de pruebas testimoniales para demostrarlo y verificarlo en el expediente.

Por ello, el abogado calificó de “falso” que no haya autorización de funcionamiento y que haya sido cerrada por no tener autorizada su oferta académica.

Atribuyó a temas políticos del gobierno de ese país el cierre ‘arbitrario’ de la Unival y otras universidades de ese país.

Según el abogado, los graduados han ganado cuatro procesos en cuatro juzgados distintos que ordenan el registro de los títulos de graduados, sin embargo no se habría dado cumplimiento a las mismas, y se recurrió a una acción ante la Corte Constitucional.

Además, según el abogado, en una acción de protección, el Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia ordenando el registro de títulos y luego en segunda instancia la Sala Laboral revocó la sentencia y ordenó que se siga con el reclamo por la vía administrativa, “pero nunca ordenó anular el registro de los títulos ya realizados”, sin embargo, así lo hizo.

Por ahora, el abogado calificó de ‘arbitrario’ la medida y ratificó que seguirán con dos instancias pendientes: la Corte Constitucional y las instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA).(I)