Por un posible delito de acción pública, la Fiscalía General del Estado investiga a la vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Johanna Verdezoto del Salto.
De manera extraoficial, se conoció que la Fiscalía solicitó información al Consejo de Participación respecto de los vehículos que están asignados a la consejera Verdezoto para su movilización desde el 2023; los conductores asignados a su despacho, y los movimientos al interior del país.
Este pedido de información tiene origen en otra investigación que se hacía a Verdezoto por el delito de concusión, tras una denuncia que presentó una excolaboradora de su consejería, porque aparentemente le habría pedido que firme un contrato de arriendo en calidad de propietaria de un inmueble ubicado en la avenida Bosmediano, en el norte de Quito, ya que la vocal, al ser oriunda de Los Ríos, accede a gastos por residencia provenientes de recursos del Estado.
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Sin embargo, tiempo después la denunciante no siguió con su denuncia, al mismo tiempo en el que se desarrollaba un juicio político que se archivó en la Asamblea Nacional.
Esta interpelación política la plantéo el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC), luego que se difundieron fotografías en las redes sociales en las que se veía a Verdezoto en un lugar indeterminado con el excandidato a ser titular de la Defensoría Pública, Daniel Frías.
El abogado también renunció a seguir en el concurso público que se desarrollaba en el CPCCS, al conocerse que era propietario de un vehículo que perteneció al narcotraficante Leandro Norero y que el Gobierno de los Estados Unidos le revocó la visa.
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Verdezoto es parte de la mayoría del pleno del CPCCS, junto con el presidente Andrés Fantoni, y las consejeras Jazmín Enríquez, Piedad Cuarán y David Rosero.
Los consejeros Gonzalo Albán y Nicole Bonifaz actúan de forma independiente y según los puntos de discusión en las plenarias.
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Con esa mayoría, el 25 de junio de 2025, se resolvió sacar del proceso de designación de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) a Édison Toro, que fue nominado en la terna que envió la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en diciembre de 2024.
El proceso de selección de estos cinco vocales de la Judicatura no ha iniciado con ninguna de las etapas, ni de admisibilidad.
Sin embargo, la proponente de la moción fue Verdezoto, quien argumentó que un hombre ingresó un escrito el 24 de junio, en el que informaba que Toro es conjuez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), lo que lo inhabilita a postular a la vocalía del Consejo de la Judicatura.
Con la salida de Toro, el presidente de la CNJ, José Suing, completó la terna e incorporó a Mario Godoy Naranjo, actual presidente de la Judicatura, como candidato.
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A su vez, esto provocó la renuncia a su postulación del juez nacional, Marco Rodríguez, que era el primero de la terna de la Corte, quien evidenció su malestar y desconfianza en como se desarrollaría la designación en el CPCCS.
La CNJ aún debe enviar otro perfil que reemplace a Rodríguez.
Así también, el presidente de la República, Daniel Noboa, debe completar su terna, por la renuncia de Carlos Falconí, que admitió que incurría en un conflicto de interés al ser asambleísta suplente del movimiento de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), de la curul de Sade Fritschi.
En la víspera, el CPCCS también lleva adelante el concurso público para la conformación de la comisión ciudadana que llevará a cabo la designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. (I)
