La etapa de calificación de méritos en el concurso público para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado se hará bajo la vigilancia de nuevos veedores, tras la renuncia de un grupo de ciudadanos que alertaron respecto de una posible falta de acceso a información y garantías para cumplir con esta tarea.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) convocó a 311 veedores acreditados para “vigilar la transparencia” en el desarrollo del concurso público para elegir al fiscal general, para una reunión en la que se elegirá una nueva directiva.

La ágil actuación del Consejo de Participación se produce luego de que diez exintegrantes de la veeduría, entre los que estaban Hugo Arteaga como coordinador, Marlene Espinosa como subcoordinadora y Julio Aguilar como secretario, renunciaron alegando falta de transparencia y de garantías para ejercer su labor.

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Cuestionaron una posible presencia de veedores afines al bloque de mayoría de consejeros, presidido por Andrés Fantoni.

La presencia de los 311 veedores en esta elección es obligatoria y se realizará desde las 10:00 del 13 de abril, en el antiguo edificio del CPCCS en Santa Prisca, en el centro de Quito.

Además de las formalidades, para esta reunión se prevé dar lectura de las cartas de renuncias de los diez exveedores y luego elegir un coordinador, subcoordinador y secretario.

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Se firmará actas y se proclamarán los resultados.

El CPCCS difundió en sus cuentas de redes sociales esta convocatoria a la que deberán asistir de manera presencial y a nivel nacional los ciudadanos.

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Quienes no asistan podrían ser desvinculados de la veeduría por “incumplimiento de sus deberes”, advirtió el Consejo.

La noche del viernes, la comisión ciudadana —que está a cargo de preparar las etapas del concurso— resolvió sobre 34 solicitudes de reconsideración que presentaron ciudadanos que fueron inadmitidos a seguir en el proceso, porque incumplieron requisitos.

De ellos, solo un pedido se acogió, por lo que serán veintiocho personas las admitidas y las que pasen a la calificación de los méritos.

El reglamento da tres días adicionales para que los comisionados elaboren su informe final, el que será trasladado al pleno del Consejo de Participación Ciudadana, como órgano de supervisión de las actuaciones de la comisión.

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Una vez que se determine que esta fase precluyó, la comisión tendrá diez días término para calificar la trayectoria profesional y académica de los aspirantes y elaborar el informe valorado en 50/100.

Los otros 50 corresponden a un examen de conocimientos y a la simulación de un caso práctico.

La renuncia de Arteaga y sus colegas preocupó a organizaciones de la sociedad civil, como la Corporación Participación Ciudadana (PC), que en un comunicado hizo un llamado a las autoridades del CPCCS a dar apoyo a estos actores.

“El retiro de los veedores por falta de acceso a la información y garantías en el ejercicio de sus funciones genera dudas sobre la transparencia”, señala el documento, en el que insisten en que el CPCCS tome los correctivos necesarios y se reintegre a los veedores.

Sin embargo, en una sesión del 8 de abril de 2026, los consejeros, con seis votos a favor y uno en contra, de Nicole Bonifaz decidieron dar por conocidas las renuncias de los exveedores y se declaró que perdieron la función.

Así también se dispuso la publicación actualizada de la lista de veedores, en la que aparecen 311 nombres. Aunque se desconoce cuántos de ellos están actuando con regularidad, considerando que hay decenas de veedores inscritos en Guayas y en otras provincias. (I)