Casi dos meses tienen seis vocales del Consejo de Participación Ciudadana para decidir si irán por la reelección

Al menos seis de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tienen un poco más de 60 días para definir si se lanzarán a la reelección en los comicios del 29 de noviembre de 2026, en los que también los ecuatorianos elegirán alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó la fecha de las elecciones seccionales y del CPCCS que se habían planificado para el 14 de febrero de 2027. Ahora, se votará el 29 de noviembre del año en curso, ante los augurios de un calamitoso fenómeno de El Niño en los siguientes meses. Los consejeros de Participación, si bien se eligen por voto popular desde el 2018, deben superar una etapa de verificación de su información, sus referencias personales y trayectoria, así como de su ética y probidad. De esta actividad se hace cargo una comisión verificadora, que la componen funcionarios del órgano electoral. Para vigilar la ‘transparencia’ del procedimiento se conforma una veeduría ciudadana y según el nuevo calendario, se convocará a la ciudadanía a inscribirse el 30 de abril. Luego, desde el 12 de junio y hasta el 25 de ese mes se receptarán las postulaciones de los precandidatos a consejero de Participación. El listado oficial de calificados se conocería el 24 de septiembre próximo. Además de las prohibiciones legales para ejercer un cargo público, en el caso de que los actuales vocales del CPCCS decidan participar en la elección por el mismo cargo, tienen que solicitar licencia sin remuneración. El artículo 93 del Código de la Democracia establece que los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Aquellos que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. En tanto que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Es decir, entre el 12 y el 26 de noviembre próximo. Extraoficialmente se conoce de la intención de reelegirse de Andrés Fantoni, consejero y presidente del CPCCS, quien recorre provincias y encabeza programas para estudiantes a través de una fundación de la que es propietario. Sus coidearias Jazmín Enríquez y Johanna Verdezoto también estarían preparándose para una posible reelección. Verdezoto, por ejemplo, organizó un evento en Guaranda (Bolívar), de donde es oriunda, en donde entregó condecoraciones, entre ellas a Javier Bósquez , exfiscal provincial y quien estaría preparándose para una posible candidatura a la Prefectura de esa provincia. Roberto Gilbert confirmó que buscará la reelección. “Quiero correr otra vez en noviembre para seguir ocupando este puesto, para seguir trabajando por la salud de mi país”, manifestó en un video publicado en las redes sociales en marzo pasado. La consejera Nicole Bonifaz reflexiona sobre esa posibilidad; y, la vocal Piedad Cuarán, aspiraría a la reelección, para lo que impulsa acercamientos con jóvenes, veedurías y organizaciones sociales de Imbabura, de donde es oriunda. Quien no podría repetir es David Rosero , quien fue electo para el periodo 2019-2023 y 2023-2027. No obstante, Rosero promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC) en el 2021, junto con otros exconsejeros del CPCCS, para que se elimine un artículo sin número de la ley que les impedía postularse a la “inmediata elección seccional, para asambleístas y/o subsiguiente elección presidencial”.La Corte desestimó el recurso, debido a que la Asamblea Naciona l, en junio del 2025, aprobó una reforma al Código electoral en el que derogó dicha disposición. Adicionalmente, para esta campaña, los candidatos a ser consejero del CPCCS podrán promocionarse y ser promocionados por la sociedad civil. La CC modificó, mediante el trámite de una acción de inconstitucionalidad, una disposición que prohibía a los “partidos y movimientos políticos, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano” promocionarlos.Actualmente, la medida rige únicamente para los partidos y movimientos; según la Corte, los candidatos podrán hacer uso del “derecho a la libertad de expresión, sin que esto implique financiamiento estatal ni modificación al régimen legal de la propaganda y control electoral”.Podrán organizar eventos, pronunciarse en redes sociales u organizar debates para promocionar una candidatura, sin que esto implique una infracción electoral, determinó la Corte. (I)

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