La comisión ciudadana que hará el concurso público para elegir al titular de la Fiscalía General del Estado podría tomarse más tiempo de los cuatro meses que le da el reglamento para cumplir con su propósito; y además, cambiarían el cómputo de los plazos, pese a lo contemplado en la norma que los rige y que fue elaborada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En agosto del 2026, según los plazos previstos por la comisión ciudadana, se podría contar con el informe final con los nombres de los mejores aspirantes a ocupar la Fiscalía, del que el mejor puntuado será designado para el cargo por el pleno del Consejo de Participación Ciudadana.
Este 9 de febrero de 2026, la comisión se reunió para conocer su plan de trabajo y cronograma para desarrollar el concurso público de méritos, oposición e impugnación y se aprobó con ocho votos a favor y una abstención.
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El documento que se discutió detalla los plazos y términos para cada una de las cinco etapas del proceso y suman 164 días, es decir, alrededor de cinco meses y medio para realizar la elección, considerando que generalmente un mes tiene 30 días.
Sin embargo, el reglamento que rige a las comisiones ciudadanas establece que estas ejercerán sus funciones “mediante una designación por periodo fijo por un lapso de cuatro meses” y se concederán dos meses adicionales, únicamente por situaciones imprevistas.
Los comisionados consideran que debe contarse con un periodo de gestión que les permita cumplir con los tiempos reglamentarios que se “computarán desde la convocatoria al concurso”.
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Esto, pese a que el reglamento establece que las comisiones “ejercerán sus funciones mediante una designación de periodo fijo por un lapso de cuatro meses, contados a partir de su posesión, periodo en el cual deberán llevar a cabo todo el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la autoridad estatal”, señala expresamente la normativa.
Internamente, en el Consejo de Participación Ciudadana se hacen los preparativos para invitar a los abogados a inscribirse en esta carrera por la Fiscalía.
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El organismo difundirá la convocatoria en cadena nacional de radio y televisión para que los abogados especializados en materia panel se inscriban. Habrá un término de diez días término para presentar las carpetas.
En el caso de que se convoque en los siguientes días, se empezarán a recibir las carpetas de los concursantes después del feriado de carnaval.
Una vez que los postulantes presenten su documentación, la comisión ciudadana cumplirá con la primera etapa: la admisibilidad, en la que se revisa que los concursantes cumplan los requisitos y no estén incursos en inhabilidades para ocupar un cargo público.
Para ello tendrán un término de diez días y verificarán la legalidad de documentos como la nacionalidad, el registro del título universitario de tercer nivel, que estén en goce de los derechos políticos; la validez de los certificados, así como su registro laboral que dé cuenta que ha ejercido la probidad e idoneidad en un tiempo de diez años.
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De acuerdo con la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, para ser fiscal del Estado se requiere ser ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos, contar con título universitario en derecho debidamente registrado; y, haber ejercido la profesión, la judicatura y la docencia universitaria en materia penal con probidad e idoneidad notoria, mínimo los últimos diez años.
Además de la declaración juramentada, el expediente de un concursante debe contener 22 documentos, como no adeudar pensiones alimenticias, mantener contratos con el Estado, no estar en mora con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entre otros.
Aunque la carta política precisa que los aspirantes deben acreditar experiencia en materia penal, el CPCCS vinculó a otras ramas del derecho para calificar este requisito: como la experiencia en el área procesal penal, criminología, política criminal, derecho constitucional, litigación oral en materia penal, derechos humanos, gestión pública y derecho internacional en materia penal.
El cumplimiento de estos requisitos los verificarán los diez comisionados con el apoyo de un equipo técnico, que lo integran los funcionarios de confianza de los siete vocales del CPCCS.
Entre estos están Carla Román Cisneros, delegada del presidente Andrés Fantoni, que labora de especialista en transparencia.
Johanna Verdezoto puso a Diana Rosero Mora como su delegada y es coordinadora de interculturalidad e hizo pasantías en el Consejo de la Judicatura y laboró como asistente en el 2020, según su perfil en la red social LinkedIn.
La consejera Jazmín Enríquez delegó a Carlos Garcés Vásconez, que es coordinador de relaciones internacionales en el Consejo.
Luis Cueva Ordóñez, exfuncionario de la Defensoría del Pueblo en Imbabura, actualmente es especialista de transparencia y participación y representa a David Rosero.
La vocal Piedad Cuarán delegó a David Rojas Cajas, su asesor; y, Nicole Bonifaz, a su asesora María Belén Cadena Ramírez.
Desde que se posesionaron —el 22 de enero de 2026— los comisionados han tenido varias sesiones, entre ellas, dos en fines de semana, que se calcularán en el pago de sus dietas. (I)
