Para este lunes, 26 de enero, está previsto que los integrantes de la comisión ciudadana que hará el concurso público para elegir a la autoridad de la Fiscalía General del Estado reciban una capacitación e inducción de las tareas y procesos administrativos que requerirán para cumplir con esta actividad.
Concurso público para elegir al fiscal general recién empieza y ya omite plazos reglamentarios
Esta capacitación está prevista en el reglamento que rige los procedimientos para integrar estas comisiones ciudadanas y debía hacerse antes de la posesión de los comisionados, que se produjo el pasado 22 de enero.
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Son diez personas las que integran la comisión ciudadana de selección —cinco en representación de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado—, pero solo ocho fueron posesionadas para ejercer sus cargos por parte del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El jueves pasado no participaron en este acto los delegados electos por el presidente de la República, Daniel Noboa: María Belén Toca Mena y David Flores Brandt (suplente).
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Tampoco asistió Daniel Caicedo de los Ríos, delegado principal de la Asamblea Nacional y asesor del presidente Niels Olsen.
El Consejo no ha informado cuándo se los posesionará.
Una vez cumplida la fase de inducción, los comisionados se “autoconvocarán a su primera sesión administrativa”, en la que elegirán un presidente que provendrá de uno de los representantes de la “ciudadanía” y un vicepresidente, cuya candidatura será de los delegados de las funciones del Estado.
También escogerán al secretario de la comisión ciudadana, que provendrá de una terna que enviará el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni.
Según el artículo 86 del reglamento, la primera sesión debía realizarse al “día siguiente de su posesión”, pero eso no ocurrió.
Una vez que se superen estos procesos, los comisionados se dedicarán a preparar el concurso público para elegir a un nuevo titular de la Fiscalía que reemplace a la exfiscal Diana Salazar, que ahora es embajadora de Ecuador en Argentina.
Este concurso de méritos está compuesto por cinco etapas:
- Convocatoria y postulación
- Admisibilidad y reconsideración
- Calificación de méritos y recalificación
- Escrutinio público e impugnación ciudadana
- Oposición y recalificación
Estas deberían completarse en un plazo de hasta seis meses, según el reglamento emitido por el CPCCS; de lo contrario, serán cesados de sus cargos y se enviarán sus expedientes a la Contraloría General del Estado para que sean auditados.
En este proceso hay ocho abogados que en sus hojas de vida no acreditan una profunda experiencia en el derecho penal, pero estarán a cargo de elegir a una de las principales autoridades de control del Estado:
- Wellington Andachi Trujillo fue servidor del anterior Ministerio de Bienestar Social, ahora de Inclusión Económica y Social, secretario de junta provincial electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE) y docente en la Universidad de Bolívar.
- Cynthia Jacho Tipán obtuvo su título de abogada en 2024 y se vinculó al estudio jurídico Martínez & Martínez, en el que acreditó dos años de experiencia.
- Hugo Ludeña Eras, gerente de una cooperativa de ahorro y crédito, fue también asesor de las compañías Ludeña Cargo y Airsetrans, así como candidato a consejero de Participación Ciudadana en 2019.
- Zoila Echeverría Zambrano, asesora de la Fundación de Protección Urbana y Silvestre Kalpa Huasi, laboró en los estudios jurídicos Rolando Vásquez, Stalin López Cuesta y Alega.
- Cristian Arpi Tapia, exfuncionario de la Fiscalía de Pichincha, es parte del estudio jurídico Bravo Macías, exfuncionario del Consejo de la Judicatura y, en la actualidad, desempeña el libre ejercicio en AHA Abogados.
Por las funciones del Estado, la única comisionada principal que asistió al Consejo el jueves anterior fue Natalia Guarnizo Condolo.
Ella es delegada de la Función Judicial, de la que es funcionaria de carrera de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y se desempeña como subcoordinadora jurídica del despacho de Daniella Camacho, jueza de la Sala de lo Penal.
Pamela Garay Mateo, de la Función de Transparencia, no asistió de forma presencial y, según su expediente, es asesora de la Superintendencia de Compañías. Estuvo vinculada a la compañía Rey Banana del Pacífico (Reybanpac) y también al estudio jurídico Cabezas & Cabezas-Klaere —del que es parte el superintendente Luis Cabezas Klaere— entre 1999 y 2019. Según el expediente, entre 2012 y 2024, la comisionada fue abogada de coactivas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
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Daniel Caicedo de los Ríos, representante de la Asamblea Nacional, tampoco asistió y es asesor del presidente Niels Olsen. Fue abogado del estudio Carmigniani & Pérez, laboró en el despacho de la exjueza de la Corte Constitucional Teresa Nuques y es socio del estudio jurídico Pérez, Bustamante & Ponce.
María Belén Toca Mena, de la Función Ejecutiva, es psicóloga industrial, labora en el Área de Talento Humano de la Presidencia de la República y trabajó para una empresa automotriz.
Tayron Valarezo Eras, de la Función Electoral, es funcionario del Consejo Nacional Electoral (CNE), community manager de las redes sociales de la presidenta del organismo, Diana Atamaint, y coordinador de productos electorales. También trabajó en la legislatura como comunicador. (I)