Acompañados de equipos de seguridad y portando chalecos antibalas es como llegaron a la Fiscalía de Pichincha, ubicada en el norte de Quito, familiares del candidato presidencial asesinado por sicarios el 9 de agosto pasado, Fernando Villavicencio.
Todos ingresaron a las 08:30 de este lunes, 28 de agosto, al cuarto piso de la Fiscalía por convocatoria de la agente fiscal que lleva la causa, abierta inmediatamente después que se produjo el atentado criminal a las afueras de un coliseo localizado en el norte de la capital, sitio en el que Villavicencio acababa un mitin político, como parte de su campaña electoral. La hija, hermana, tío y pareja de Villavicencio están entre quienes fueron convocados a rendir versión.
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La instrucción fiscal se inició un día después del crimen, el 10 de agosto último, con la formulación de cargos contra los colombianos Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C. y Jhon R., quienes se mantienen con la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi, en Latacunga. A los extranjeros, además de ser procesados por el delito de asesinato, se les abrió un proceso penal por tráfico de drogas a gran escala.
Una de las preocupaciones expuestas en los exteriores de la Fiscalía por el tío de Fernando Villavicencio, Galo Valencia, es sobre el no ingreso a cadena de custodia del teléfono celular personal de su sobrino. Según él, lo que conocía es que el teléfono celular del periodista de 59 años fue entregado a personal de la clínica donde fue atendido el presidenciable luego de su ataque y donde solo se confirmó el fallecimiento.
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Valencia, quien fue uno de los que rindieron versión, sostiene que nadie sabe el paradero de ese equipo celular, en el que dice que existe información sumamente importante. “Se debe exigir en este proceso de investigación que el teléfono tiene que aparecer y alguien debe responder por ello”, dijo.
Como parte de estos últimos quince días que quedan de instrucción fiscal, el sábado pasado y por más de cuatro horas rindió versión Christian Zurita, amigo y colega de Villavicencio, y además quien lo reemplazó en la papeleta presidencial del movimiento Construye luego del asesinato. Por pedido de la Fiscalía durante la audiencia de flagrancia, la fase de instrucción fiscal fue definida en 30 días de duración.
Hace unos días comenzó la toma de versiones de quienes estaban en el círculo cercano del presidenciable. El equipo inmediato de Villavicencio ya habría rendido su versión y existiría un levantamiento gráfico a partir de las imágenes entregadas por las cámaras de seguridad del ECU911, en las que se identificaría quiénes son los responsables y cómo se dieron los hechos.
Zurita ha señalado en entrevistas que la investigación penal que se está dando en este caso es lenta, aunque resalta que lo importante es que no pierda ritmo. De momento, el expediente contaría con algo más de siete cuerpos.
“Deja en evidencia que existían condiciones intermitentes. Es verdad que existía un círculo de seguridad importante, sobre todo cuando Fernando Villavicencio se desplazaba fuera de Quito. Pero en el interior de Quito a veces estas condiciones se reducían y tenía él un equipo mínimo, que eran aproximadamente cuatro servidores policiales que estaban a su servicio. (...) Hay un descuido claro y evidente por parte de la cápsula inmediata de seguridad. Sabían que el auto blindado estaba a escasos metros de estar en la puerta del coliseo y debieron haber esperado”, explicó hace unos días Zurita.
La jueza encargada del proceso ha dado autorización para una serie de pericias que tienen que ver con elementos ubicados en los allanamientos, por ejemplo, cascos y gorras, y los procesados. También se han dispuesto pericias para analizar fluidos corporales y sanguíneos de los seis investigados, así como el reconocimiento del inmueble allanado en la zona de Monjas, en el suroriente de la capital, en donde no solo fueron detenidos varios de los sospechosos, sino que se encontró un auto robado en cuyo interior había una maleta con armas, municiones y explosivos.
A la autorización para que se realice una audiencia privada en la que se abra, exhiba, examine, extraiga, analice y materialice la información que contienen tres tablets, catorce celulares y un dron incautados en los allanamientos realizados en Quito se suma la orden para una audiencia privada en la que se pericien otros cinco celulares pertenecientes a un capitán, un sargento segundo y tres cabos primeros. (I)