Luego de haberse hecho público el decreto del presidente Guillermo Lasso con el que disolvió la Asamblea Nacional y se llamó a convocar a elecciones generales anticipadas, los ahora exlegisladores comenzaron a reaccionar a la decisión en redes sociales, como Twitter. Sus opiniones son diversas: unos celebraron, otros dicen no tener temor y otros consideran que se trata de una acción inconstitucional.
Algunos de los 137 integrantes del disuelto Parlamento comenzaron a cambiar sus descripciones en las redes sociales y colocaron que ahora son exasambleístas.
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Mario Ruiz, quien era jefe del bloque de Pachakutik, manifestó que es inconstitucional y que pone “en evidencia el pacto de Lasso con el correísmo”, e instó a la Corte Constitucional a poner orden.
Su compañero de bancada Salvador Quishpe coincidió con que la muerte cruzada garantiza la “impunidad de la corrupción de Correa y Lasso”. Comentó que el juicio político fue una respuesta a la corrupción acumulada desde el gobierno del expresidente Rafael Correa, y que el Gobierno de Lasso se ha convertido en el mayor cómplice.
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La exlegisladora de UNES Victoria Desintonio cuestionó la causal por la que Lasso aplicó la muerte cruzada y dijo que la única conmoción interna es el “temor que tiene el presidente Lasso a perder el poder”. Además, mencionó que es una oportunidad para recuperar la patria.
Otro de los correístas, Walter Gómez, dijo no tener temor a la muerte cruzada y calificó la acción como “un gran logro de la Revolución Ciudadana para poder al fin redireccionar en poco tiempo el país con nuevas elecciones en tres meses y con un nuevo Gobierno en seis”.
Por parte de Izquierda Democrática, Yeseña Guamaní también alegó que el decreto es inconstitucional y que es una represalia por la eventual destitución del mandatario que se quería concretar en el interior del Legislativo.
Del lado de los exlegisladores que celebraron la medida está Fernando Villavicencio, quien cumplía el rol de presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo. Él dijo que “es un día de fiesta nacional” y que finalmente Lasso escuchó la voz del pueblo.
Juan Fernando Flores, exlegislador de CREO y jefe del bloque, mencionó que con el decreto ahora será el pueblo el que decida su futuro, y dijo que la decisión se dio frente a los constantes intentos por parte de la Asamblea de evitar el desarrollo, progreso y futuro del país.
Del lado del oficialismo, Blanca Sacancela aseguró que se va con la satisfacción del deber cumplido y que ahora los exlegisladores deben retornar a territorio a trabajar de cerca con su gente.
Mientras, en el caso del Partido Social Cristiano (PSC), sus exlegisladores no han emitido ningún pronunciamiento de forma personal en sus redes, pero sí lo hicieron como partido a través de un comunicado en el que anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para que suspenda mediante una medida cautelar el decreto de muerte cruzada. (I)