El informe final aprobado en la comisión legislativa ocasional que investigó el crimen de Fernando Villavicencio concluyó que no se trató de un “crimen político”, como se mencionaba en el primer borrador analizado, sino que fue consecuencia del problema de la inseguridad que azota al país.

Y señaló que los responsables políticos de eso son el expresidente de la República Guillermo Lasso y el exministro del Interior Juan Zapata, por lo que sus actuaciones debían ser investigadas por la Fiscalía General y la Contraloría General.

Estas son las siete recomendaciones que constan en el documento que se aprobó la noche del pasado 13 de junio, con seis votos a favor y uno en contra, y que fue presentado por el oficialista Adrián Castro.

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1. Pese a que la Asamblea Nacional, al amparo de sus atribuciones y facultades, rechazó el accionar del expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza, censuró al exministro del Interior Juan Ernesto Zapata Silva, y que este informe debió ser un insumo para la toma de esas decisiones, es necesario que, en virtud de las faltas e incumplimientos expuestos, el informe se remita a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos materia de este informe hacen presumir la comisión de infracciones penales y administrativas por parte de miembros de la Policía Nacional del Ecuador, quienes ejercían funciones, entre otras, de comandante general, director general de Inteligencia, director general de Logística, director nacional de Protección y Vigilancia; así como por parte del exministro del Interior y del exmandatario.

2. Ante los claros indicios de omisiones graves por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), se traslade este informe a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado para que, en el ámbito de sus competencias, inicien los respectivos procesos de investigación, control y sanción que consideren pertinentes.

3. Se solicite al Ministerio del Interior, como ente rector de la Policía Nacional, que realice una revisión exhaustiva y urgente del actual Acuerdo Ministerial n.° 0150, reglamento que norma las actividades de seguridad y protección a las máximas autoridades del Estado, misiones diplomáticas debidamente acreditadas en el Ecuador y sus instalaciones, a fin de que se revisen los procesos normativos y administrativos y garantizar que sea un instrumento ejecutable y sirva como base para evitar actos violentos y garantice la seguridad de quienes deban ser objeto de protección.

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4. Exigir al Gobierno central que se garantice la correcta funcionalidad y uso de la herramienta Mobile Locator a fin de que cumpla los fines de lucha contra la delincuencia y protección ciudadana.

5. Solicitar que, a través de la presidencia de la Asamblea Nacional, se inicie el procedimiento legislativo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (art. 75 y siguientes) para exigir y obligar a las entidades y organismos del Estado que no presentaron las respuestas a los requerimientos de información remitidos por la comisión ocasional para la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio lo hagan en los plazos establecidos en la ley y/o se tomen las acciones legislativas correspondientes.

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6. Solicitar que, a través del pleno de la Asamblea Nacional, en su condición de máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional, se disponga el seguimiento a las conclusiones y recomendaciones establecidas en este informe, así como que se verifique el avance en las diferentes instancias estatales a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, que deberá presentar un informe de seguimiento en el plazo de seis meses.

7. Sugerir al pleno de la Asamblea Nacional que se manifieste el total respaldo a todos los esfuerzos que se realicen para el fortalecimiento de la Policía Nacional del Ecuador, Fuerzas Armadas y el Sistema Judicial como base del respeto a la democracia, institucionalidad y paz ciudadana. (I)