La comisión ocasional de la Asamblea Nacional creada para investigar el crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio determinó en su informe final que los hechos en torno al magnicidio hacen “presumir” que pudo haber “infracciones penales y administrativas” por parte del expresidente de la República, Guillermo Lasso, así como del exministro del Interior Juan Zapata y de la cúpula de la Policía Nacional de ese tiempo.

En la sesión desarrollada el jueves 13 de junio, la mesa legislativa no aprobó el informe borrador elaborado por la presidenta de la comisión, Viviana Zambrano (Construye), que concluía que el magnicidio fue un crimen político y no mencionaba al exmandatario como responsable. El texto obtuvo seis votos en contra y uno a favor. La mayoría de asambleístas criticó que el informe borrador tenía carencias y errores de fondo y forma.

El documento que sí fue aprobado por la mayoría (con seis votos afirmativos y uno negativo) fue propuesto por el asambleísta Adrián Castro (ADN), vicepresidente de la comisión. En su contenido están los señalamientos hacia el expresidente de la República.

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Según las conclusiones del informe validado, Guillermo Lasso incumplió su deber de mantener el orden interno y la seguridad pública; aquello derivó en una crisis de inseguridad en la que se produjo el crimen de Villavicencio, el 9 de agosto de 2023.

“De haber cumplido a cabalidad sus funciones, posiblemente se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría y sufre el país, producto de lo cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos el del señor Fernando Villavicencio Valencia”, dice el texto.

En el caso de la Policía Nacional, el informe concluye que durante el trabajo de la comisión se evidenció que la institución policial tuvo “una clara intención de evadir responsabilidades”, ya que “en todo momento intentó obviar culpas y trasladarlas a cualquier otro estamento de la propia institución”. La entidad trató de esquivar su deber legal y constitucional de atender la seguridad ciudadana y el orden público, además de proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas.

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También se responsabiliza a la Policía de incumplir la obligación que tenía de brindar seguridad a los binomios presidenciales.

Asimismo se determinó que el personal de seguridad y protección asignado para Fernando Villavicencio incumplió sus obligaciones, cometiendo “faltas graves, responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal que deben ser conocidos y resueltos por las entidades judiciales y de control, según corresponda”.

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Sobre el Ministerio del Interior, también se apunta que “tuvo una clara intención de evadir responsabilidades”, puesto que se limitó a señalar que la información relacionada con Villavicencio es “reservada y/o confidencial”.

“Esto, únicamente permite concluir que se ha tratado de obviar culpas, incumpliendo sus deberes constitucionales y legales como ministros de Estado”, recoge el informe.

En cuanto al exministro del Interior, Juan Zapata, que estaba encargado de la política pública de protección y ejercer la rectoría del servicio, se señala que habría “incumplido su obligación de supervisar la correcta prestación del servicio y garantizar la formación y la especialización del personal”.

El informe precisa que a Fernando Villavicencio no se le asignó el número de personal de seguridad que requería según lo que estipula la norma para una persona con su nivel de riesgo, es decir, mínimo 9 y máximo 13 servidores.

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Respecto al SNAI, entidad rectora del manejo de las cárceles, la comisión ocasional concluyó que habría indicios de omisiones graves en la tarea de custodiar y garantizar la protección de los internos sospechosos de ejecutar el crimen del excandidato presidencial, ya que seis de los procesados fueron asesinados dentro de las prisiones.

Esas omisiones del SNAI derivarían en responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal.

Como recomendaciones, la comisión establece que el documento sea enviado a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que inicien procesos de investigación y control.

En ese sentido, el informe sostiene que los hechos llevan a “presumir el cometimiento de infracciones penales y administrativas” por parte del expresidente Guillermo Lasso, del exministro Juan Zapata y de quienes estaban al frente de la Policía Nacional (comandante general, director general de Inteligencia, director general de Logística y director nacional de Protección y Vigilancia).

Para el SNAI, también se pide a la Fiscalía y Contraloría que investiguen, controlen y apliquen la sanción que consideren pertinente.

Al Ministerio del Interior se solicitará que revise el reglamento que norma las actividades de seguridad y protección a máximas autoridades del Estado. Al Gobierno central se solicitará que garantice el correcto uso de la herramienta Mobile Locator —del ECU 911—, a fin de que cumpla los fines de lucha contra la delincuencia y protección ciudadana.

Al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, se pedirá que inicie un procedimiento legislativo para exigir y obligar a las entidades y organismos estatales que no respondieron a los pedidos de información que hizo la comisión ocasional a que entreguen los datos; si no lo hacen, que se tomen acciones legislativas.

De igual manera, se solicita que en un plazo de seis meses la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional entregue un reporte de seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del informe de la comisión ocasional. (I)