Un escenario incierto vive el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) al tener a dos presidentes y dos vicepresidentes, en medio de las disputas internas surgidas por la designación de autoridades de control y en esencia por el nombramiento del titular de la Contraloría General del Estado.

Los conflictos internos entre sus siete consejeros se han dado desde hace un año, pero este miércoles estallaron cuando Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán decidieron reinstalar una sesión permanente suspendida desde el 27 de enero pasado.

Sofía Almeida denuncia un golpe de Estado al Consejo de Participación Ciudadana, mientras cuatro vocales discuten removerla de la presidencia

En esa sesión, las cuatro autoridades lograron incluir en el orden del día una moción para discutir la remoción de la presidencia de Sofía Almeida y también proponer una reforma a todos los reglamentos de designación de autoridades elaborados por la mayoría que presidía la presidenta. En especial, el aprobado para elegir al nuevo contralor.

Publicidad

El vicepresidente David Rosero, que presidía dicha plenaria, al haberse apelado a la dirección de Almeida, la suspendió cuando se aprobó dicha moción.

Remover de la presidencia a Sofía Almeida entrará a debate en el Consejo de Participación Ciudadana

Esto dio tiempo para que Almeida interponga una acción de protección ante la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón (Guayas), cuya jueza Karly Vargas concluyó que se vulneraba la seguridad jurídica y emitió las medidas cautelares para que ello no se trate en el pleno.

Ulloa presentó otra acción de protección en esa misma unidad judicial, y la jueza Larissa Ibarra revocó las medidas cautelares el lunes último y convocó a una audiencia pública que prevé realizarse este jueves.

Publicidad

Con ello, los cuatro consejeros reinstalaron este miércoles, a las 10:00, la sesión permanente en la que no estaban Almeida, Rosero y Javier Dávalos.

La remoción de Almeida la mocionó Bravo el 26 de enero en esta sesión permanente 3, argumentando que ha incumplido y abusado de sus funciones y también por una falta de transparencia en los procesos de designación de autoridades al no dar la información de quiénes son los candidatos para integrar las comisiones ciudadanas de selección, entre otras cosas, además por suspender sesiones de forma arbitraria.

Publicidad

QUITO (09-02-2022).- Cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana sesionaron en Quito y removieron de sus dignidades de presidente y vicepresidente a Sofía Almeida y David Rosero. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

Antes de removerla, los consejeros de mayoría pidieron que se la llame por teléfono para que se defienda, pero ella no contestó. Así que con los cuatro votos se aprobó su remoción.

Luego se trató la remoción de Rosero. Él sí contestó una llamada telefónica y se conectó por Zoom a la sesión.

Explicó que él convocó a la reinstalación de esta plenaria para el próximo 15 de febrero, a las 15:00, por lo que sus actuaciones son ilegales. Además, que hay acciones judiciales que deben sustanciarse, antes de discutir la remoción.

No obstante, Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán decidieron removerlos.

Publicidad

Entonces, Bravo mocionó a Ulloa como candidato a la presidencia y se aprobó con cuatro votos; y a Rivadeneira se designó como vicepresidenta con los mismos votos.

Incluso, minutos antes de las 19:00, el Ministerio de Trabajo emitió una certificación, fechada este 9 de febrero, en el que acredita la designación de Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, como presidente y vicepresidenta, respectivamente, del Consejo de Participación Ciudadana.

Lo hizo, luego de que el secretario ad-hoc, Nelson Silva, nombrado para dar fe de los actos resueltos en esta plenaria, notificó a esa Cartera de Estado de que se resolvió remover a Almeida y Rosero de sus dignidades, y nombrar a Ulloa y Rivadeneira.

Sofía Almeida se aferra a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, mientras agiliza procesos para sortear a vocales salientes del Consejo Electoral

Antes de la instalación de esta reunión, efectivos de la Policía Nacional rodearon las instalaciones del Consejo en Quito.

Almeida salió al paso en una rueda de prensa desde Guayaquil, a las 10:30. Denunció que ella no solicitó la presencia de policías y reclamó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que los retire, de lo contrario se estaría configurando una injerencia en las funciones del Consejo.

Tildó a sus cuatro adversarios de “golpistas” y “mercenarios”, y alertó de que se estaba dando un golpe de Estado para intentar “apoderarse del Consejo” y designar autoridades de control a su gusto.

Envió una carta a los titulares de las funciones del Estado: Guadalupe Llori, de la Asamblea Nacional; a Guillermo Lasso, presidente de la República; Iván Saquicela, presidente de la Función Judicial; a Diana Atamaint, de la Función Electoral, y a Ruth Arregui, de la Función de Transparencia y Control Social, para que se pronuncien sobre estos hechos y se respete la independencia del Consejo.

El vicepresidente David Rosero dijo a EL UNIVERSO que los hechos observados en esta plenaria “son ilegales”. Que se trató de una “reunión de amigos” y que se estaría configurando el presunto delito de usurpación de funciones por parte de los cuatro vocales.

“Lo que han hecho hoy es tomarse por la fuerza las instalaciones del Consejo, romper las cerraduras y hacer una reunión de amigos y colocaron como secretario ad hoc (Nelson Silva) a un funcionario que fue desvinculado de la institución. Esto es un show”, manifestó Rosero.

Aseveró que no hay dos presidentes ni vicepresidentes, pues la Ley del Consejo no establece la remoción de sus autoridades, pues estas son designadas para un periodo fijo de dos años “para proteger la seguridad jurídica”.

Policía Nacional resguarda instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana. Foto: Cortesía Foto: El Universo

Añadió que la institución seguirá funcionando normalmente, pero lamentó que el presidente Lasso esté “mal asesorado” al secundar a los cuatro consejeros.

Ulloa, una vez nombrado presidente, aseguró que esta plenaria es legal y legítima, pues la ley del Consejo establece que, ante la falta del presidente y vicepresidente, se puede reinstalar con la presencia de la mayoría absoluta. En este caso, de los cuatro.

PSC, UNES y PK se unen para iniciar un juicio político a cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana

A eso de las 16:30, Almeida, visiblemente alterada, llegó desde Guayaquil y entró a la oficina de la presidencia de la que Ulloa había tomado posesión.

“¡Salga del Consejo! Retírese de mi oficina”, le increpó a Ulloa, y lo alertaba de que un hombre de nombre Felipe Segura Méndez presentó una recusación en su contra y que estaba impedido de actuar en esa sesión.

“Qué falta de respeto, tú estás recusado desde las 13:00 y Nelson Silva no es funcionario del Consejo desde las 13:50. Entiendo que el Gobierno nacional en complicidad con la Policía Nacional te estén apoyando, ¡pero tú no eres ningún presidente! ¡Usurpador de funciones del Consejo, retírate de mi oficina!”, le gritaba.

Ulloa la invitaba a sentarse, a dialogar, pero Almeida indignada le insistía en que saliera de su oficina.

Estupiñán –quien hasta diciembre pasado daba la mayoría a Almeida, Rosero y Dávalos– pidió a las nuevas autoridades que avancen en la designación de autoridades con “transparencia” y eviten que “familiares y partidos políticos” intervengan en los procesos.

Ulloa se comprometió a dar transparencia en los concursos públicos, publicando la información en el portal institucional y realizar contrataciones para ese efecto con transparencia.

También les ofreció no bloquearles los micrófonos de las sesiones virtuales y permitir que se planteen mociones.

Esto sucede a la par de que las bancadas de la Asamblea Nacional, Pachakutik (PK), del correísmo (UNES) y el PSC se unieron para impulsar un juicio político en contra de los cuatro consejeros, por intentar hacer cambios al reglamento de designación del titular de la Contraloría del Estado.

El juicio político, que tendría 72 firmas de respaldo, se oficializó este 8 de febrero en el Legislativo, para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) lo califique. (I)